SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0783/2014
Fecha: 21-Abr-2014
III.4. Análisis del caso concreto
El accionante denuncia la vulneración del derecho de su representado al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación de las resoluciones y de los principios ama qhilla, ama llulla, vivir bien, vida buena, tierra sin mal, camino y vida noble e irretroactividad de la ley, por cuanto Gonzalo Fernando Laredo Aguayo, cumplió las funciones de Embajador en Europa de agosto de 2003 a marzo de 2004, a cuya culminación inició el trámite para el pago de los gastos de retorno, reinstalación y pasajes, gestión que no prosperó debido a que los documentos fueron supuestamente extraviados por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en tres oportunidades, llegando a expedirse el informe legal GM/DGAJ/UGJ 1092/2010 7 de noviembre, que sugiere la aplicación del Reglamento para el Pago de Gastos de Instalación, Retorno y Reinstalación, aprobado mediante RM 208/2008 de 29 de agosto, motivo por el cual procedió a su impugnación, recibiendo por respuesta la nota GMDGAJ-UGJ 1082-12 de 7 de mayo de 2012, emitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la que se determinó que el informe objetado es únicamente un dictamen profesional con la calidad de acto preparatorio de mero trámite, siendo en consecuencia, inimpugnable conforme lo establecen los arts. 56 y 57 de la LPA, por lo cual solicitó la emisión de una resolución motivada respecto a la posición institucional, dando lugar al pronunciamiento de la nota GM-DGAJ-UGJ 1513-12 de 25 de junio de 2012, en la que se determinó que no procede el pago requerido por haber operado la figura de prescripción en aplicación del art. 12 del citado reglamento, hecho que dio lugar a que el 23 de julio de 2012, solicite el pronunciamiento del Canciller, derivando en la emisión de la Resolución de recurso de revocatoria de 17 de agosto de 2012, que señala que el memorial presentado constituía en los hechos una impugnación al acto administrativo contenido en la nota GM-DGAJ-UGJ 1513-12, concluyendo en consecuencia, que su recurso fue presentado fuera de término, cuando en realidad nunca existió resolución alguna contra la cual se pudo haber recurrido, por lo cual presentó recurso jerárquico, que su vez dio lugar al pronunciamiento de la Resolución de recurso jerárquico 002/2012 de 27 de diciembre, en la que fueron reiterados los fundamentos que dieron lugar a la Resolución de recurso de revocatoria.
Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley, se concluye lo siguiente:
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.2.
- 1)
- “improcedente”
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional: Su configuración
- III.2. El acto administrativo y su impugnación
- producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación
- En cambio, quedan comprendidos en el concepto aquellas actividades que producen por sí mismas un efecto jurídico
- III.2.1. Jurisprudencia
- En resumen, el acto administrativo es una manifestación o declaración de voluntad, emitida por una autoridad administrativa en forma ejecutoria, es de naturaleza reglada o discrecional y tiene la finalidad de producir un efecto de derecho, ya sea crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva frente a los administrados. Goza de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad; es impugnable en sede administrativa y sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos administrativos definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no puedan ser cuestionados; sin embargo, en este último caso, se lo hará en ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, y solamente de manera preventiva
- las actuaciones de la Administración Pública se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario [art. 4 inc. g) de la LPA]). La presunción de legitimidad del acto administrativo, como la ha establecido la Sentencia antes aludida, '…se funda en la razonable suposición de que el acto responde y se ajusta a las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente a tiempo de ser asumido el acto o dictada la resolución, es decir, cuenta con todos los elementos necesarios para producir efectos jurídicos, por lo que el acto administrativo es legítimo con relación a la Ley y válido con relación a las consecuencias que pueda producir. La doctrina enseña que el fundamento de la presunción de legitimidad radica en las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, que se manifiesta en el procedimiento que se debe seguir para la formación del acto administrativo, que debe observar las reglas del debido proceso, que comprende el derecho del particular de ser oído y en consecuencia exponer la razón de sus pretensiones y su defensa
- Lo señalado precedentemente, es aplicable también para los casos de revocatoria, modificación o sustitución de los actos administrativos propios que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, ya que éstos sólo pueden ser revocados cuando se utilizaron oportunamente los recursos que franquea la ley, o cuando el acto beneficie al administrado
- Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.1. Respecto a la impugnación en sede administrativa
- no corresponde procesar el pago de Gastos de Retorno a su mandante, debido a su prescripción, en aplicación del art. 12 del Reglamento para el Pago de Gastos de Instalación, Retorno y Reinstalación, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 453A/2008 de 27 de agosto de 2008, concordante con los numerales 1 y 2 del Artículo 1510 del Código Civil, puesto que el cese de funciones y el pago requerido data de marzo de 2004
- III.4.2.La subsidiariedad respecto al fondo de la problemática planteada
- CONFIRMAR