SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0783/2014
Fecha: 21-Abr-2014
no corresponde procesar el pago de Gastos de Retorno a su mandante, debido a su prescripción, en aplicación del art. 12 del Reglamento para el Pago de Gastos de Instalación, Retorno y Reinstalación, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 453A/2008 de 27 de agosto de 2008, concordante con los numerales 1 y 2 del Artículo 1510 del Código Civil, puesto que el cese de funciones y el pago requerido data de marzo de 2004
Mediante memorial de 11 de mayo de 2012, Juan Carlos Gonzalo Zegarra Aranda, apoderado de Gonzalo Fernando Laredo Aguayo, observó la nota GM-DGAJ-UGJ de 10 de mayo de 2012, solicitó expresamente el reembolso en favor de su representado de los gastos de reinstalación en el Estado Plurinacional de Bolivia, al retorno de la misión diplomática en Europa, o en su defecto el pronunciamiento de una resolución administrativa motivada y fundamentada rechazando lo impetrado, dando lugar a que el 25 de junio de 2012, Jimmy Osaki Llanos, Director General de Asuntos Administrativos, mediante nota GM-DGAJ-UGJ 1513-12, determine que: “… no corresponde procesar el pago de Gastos de Retorno a su mandante, debido a su prescripción, en aplicación del art. 12 del Reglamento para el Pago de Gastos de Instalación, Retorno y Reinstalación, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 453A/2008 de 27 de agosto de 2008, concordante con los numerales 1 y 2 del Artículo 1510 del Código Civil, puesto que el cese de funciones y el pago requerido data de marzo de 2004” (sic).
La nota GM-DGAJ-UGJ 1513-12, emitida por el Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, efectivamente es un acto administrativo por cuanto es una manifestación o declaración de voluntad, de una autoridad administrativa competente; que en los hechos ha producido efectos en derecho al haber considerado que se extinguió la pretensión jurídica del representado del accionante. Así no hubiese adquirido la forma de resolución administrativa, la posición institucional expresada en su texto le otorgó la calidad de acto administrativo.
Para abundar sobre el tema, corresponde señalar que la definición inserta en la nota GM-DGAJ-UGJ 1513-12, respecto a la prescripción declarada, al ser un acto administrativo inicialmente gozó de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad; en consecuencia, era también impugnable en sede administrativa a través de los recurso de revocatoria y jerárquico y sujeta a control jurisdiccional posterior. Por todo lo expresado precedentemente, atañe a este Tribuna, reconocer que el plazo para la interposición del recurso de revocatoria culminaba el 9 de julio de la referida gestión en conformidad con lo determinado en el art. 65 de la LPA, sin embargo, el 23 de julio de la citada gestión Juan Carlos Gonzalo Zegarra Aranda, reiteró su pedido de pronunciamiento del Canciller, cuando una autoridad competente del Ministerio de Relaciones Exteriores ya le comunicó la posición institucional dando fin al trámite de reposición de gastos pretendido.
El pronunciamiento de la Resolución de recurso de revocatoria de 17 de agosto de 2012, por el Director General de Asuntos Administrativos, Jimmy Osaki Llanos, resolviendo; “Desestimar el Recurso de Revocatoria interpuesto por Juan Carlos Zegarra Aranda, en representación de legal de Gonzalo Fernando Laredo Aguayo, en contra de la Nota GM- DGAJ-UGJ Nº 1513-12 de 25 de junio de 2012, por su presentación fuera de plazo y carecer de fundamentación” (sic), es correcto ya que por el principio de informalismo inserto en el art. 4. inc. l) de la LPA, el memorial presentado por Juan Carlos Zegarra ante el Ministro de Relaciones Exteriores de 23 de julio de 2012, sí constituía una impugnación de la nota GM-DGAJ-UGJ 1513-12, que como ya se dijo precedentemente definió una situación jurídica tal cual lo establece el art. 56 de la LPA, consecuentemente, la presentación de recurso jerárquico el 24 de agosto de 2012, y posterior emisión el 27 de diciembre de 2012 de la Resolución de recurso jerárquico, determinando, confirmar en todas sus partes la Resolución de recurso de revocatoria de 17 de agosto de 2012, no es otra cosa que la culminación de la fase de impugnación en sede administrativa.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.2.
- 1)
- “improcedente”
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional: Su configuración
- III.2. El acto administrativo y su impugnación
- producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación
- En cambio, quedan comprendidos en el concepto aquellas actividades que producen por sí mismas un efecto jurídico
- III.2.1. Jurisprudencia
- En resumen, el acto administrativo es una manifestación o declaración de voluntad, emitida por una autoridad administrativa en forma ejecutoria, es de naturaleza reglada o discrecional y tiene la finalidad de producir un efecto de derecho, ya sea crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva frente a los administrados. Goza de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad; es impugnable en sede administrativa y sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos administrativos definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no puedan ser cuestionados; sin embargo, en este último caso, se lo hará en ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, y solamente de manera preventiva
- las actuaciones de la Administración Pública se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario [art. 4 inc. g) de la LPA]). La presunción de legitimidad del acto administrativo, como la ha establecido la Sentencia antes aludida, '…se funda en la razonable suposición de que el acto responde y se ajusta a las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente a tiempo de ser asumido el acto o dictada la resolución, es decir, cuenta con todos los elementos necesarios para producir efectos jurídicos, por lo que el acto administrativo es legítimo con relación a la Ley y válido con relación a las consecuencias que pueda producir. La doctrina enseña que el fundamento de la presunción de legitimidad radica en las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, que se manifiesta en el procedimiento que se debe seguir para la formación del acto administrativo, que debe observar las reglas del debido proceso, que comprende el derecho del particular de ser oído y en consecuencia exponer la razón de sus pretensiones y su defensa
- Lo señalado precedentemente, es aplicable también para los casos de revocatoria, modificación o sustitución de los actos administrativos propios que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, ya que éstos sólo pueden ser revocados cuando se utilizaron oportunamente los recursos que franquea la ley, o cuando el acto beneficie al administrado
- Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.1. Respecto a la impugnación en sede administrativa
- no corresponde procesar el pago de Gastos de Retorno a su mandante, debido a su prescripción, en aplicación del art. 12 del Reglamento para el Pago de Gastos de Instalación, Retorno y Reinstalación, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 453A/2008 de 27 de agosto de 2008, concordante con los numerales 1 y 2 del Artículo 1510 del Código Civil, puesto que el cese de funciones y el pago requerido data de marzo de 2004
- III.4.2.La subsidiariedad respecto al fondo de la problemática planteada
- CONFIRMAR