SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0965/2014
Fecha: 23-May-2014
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos a la salud y la vida; alegando que pese a estar autorizada su salida médica por recomendación del odontólogo del recinto Penitenciario de” San Pedro”, para el 11 de noviembre de 2013; la Auxiliar del Juzgado Primero del Instrucción en lo Penal, incumpliendo sus funciones no hubiera colaborado en la transcripción del oficio de salida judicial médica, lo que constituiría en dilación y mala fe de la citada funcionaria, siendo pasible a las acciones administrativas contempladas en la ley especial; sin perjuicio de ello, quien estuviera en posición de garante de la salud y la vida de su representado es el Juez de la causa, ahora accionado, quien no hizo cumplir sus determinaciones; inacción que estaría provocando que la salud de su representado se deteriore, porque las dolencias médicas diagnosticadas serian crónicas según los certificados médicos que existen en el cuaderno procesal.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita
- la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación
- :
- III.2. Sobre el derecho a la salud de los privados de libertad
- Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad,
- sin embargo es menester aclarar que los jueces y tribunales, así como el Ministerio Público y autoridades penitenciarias, tienen el deber ineluctable de garantizar que estas condiciones se materialicen, puesto que dichas autoridades están en posición de garantes de su cumplimiento que además implica el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Constitución
- Debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato, aspectos que sin duda deben considerarse por los jueces, fiscales, policías y personas en posición de garante respecto a las personas privadas de su libertad.
- Fragmento 20
- el auxiliar
- i)
- CONFIRMAR en todo