AUTO CONSTITUCIONAL 0253/2014-RCA

Dentro del proceso administrativo seguido en su contra, por la presunta infracción comprendida en el art. 68 inc. f) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, correspondientes a dieciséis Declaraciones Únicas de Importación, se pronunció la Resolución de Directorio RD 03-022-11 de 28 de octubre de 2011, imponiendo la sanción administrativa de revocatoria de autorización de ejercicio de actividades a ella y al Despachante de Aduana, Orlando Calderón Delgado. Fallo confirmado en revocatoria, mediante la Resolución RD 03-024-11 de 29 de diciembre del mismo año.

Posteriormente −alega−, el 19 de marzo de 2012, dedujo demanda contencioso administrativa, que concluyó con la Sentencia 442/2013 de 23 de octubre, que la declaró probada y en consecuencia anuló obrados hasta la Resolución 03-022-11; es decir, hasta que se emita nueva resolución sancionatoria en base a los razonamientos expuestos en ella. Es así que, el 27 de marzo de 2014, el Directorio de la ANB, dictó la Resolución de Directorio RD 03-014-14, pero lo hizo en similares términos que la anterior.

Contra la Resolución de Directorio RD 03-014-14, planteó recurso de revocatoria, que fue rechazado por la administración tributaria y confirmada la decisión en todas sus partes, mediante Resolución de Directorio RD 03-022-14 de 21 de mayo de 2014, cuyo texto no se ajusta a las determinaciones asumidas por la Sentencia 442/2013, que tiene autoridad de cosa juzgada; por lo que incurrió en omisión indebida de motivación, vulnerando el debido proceso, puesto que nuevamente se limitó a establecer responsabilidades sin comprobar la supuesta infracción que se le atribuye; tampoco comprueba la existencia e identificación de tercera persona que hubiere utilizado la clave de acceso personal al sistema “SIDUNEA”; si no que se basa en la simple afirmación del Despachante de Aduana según un memorial, en sentido que se hubiere producido una manipulación informática después de concluido el despacho; no existe antecedente alguno que demuestre la intervención de un tercero; y, no se sustenta en la prueba idónea, únicamente se basa en una presunción ilógica.

Por otra parte, tampoco absuelve las cuestiones planteadas en el recurso de revocatoria y se contrapone a las determinaciones emitidas por la Sentencia 442/2013, incurriendo en inobservancia del principio de congruencia; inhabilitándola por más de dos años y cuatro meses, privándole del derecho al trabajo y a ejercer la prestación de servicios en despachos aduaneros con el consiguiente perjuicio económico ocasionado.