SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1908/2014

En la estructuración de las acciones de defensa, el art. 125 de la CPE, respecto a la acción de libertad, señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse a esta acción de defensa, establece que tiene por objeto: “….garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”.

Sobre su naturaleza jurídica, esta acción tutelar se caracteriza por el informalismo, inmediatez, sumariedad y celeridad. Así se pronunció la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0054/2012 de 9 de abril, que citando a la SC 0044/2010-R de 20 de abril, señaló: ”El texto constitucional contenido en el citado art. 125, establece la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y la jurisprudencia constitucional señala las características esenciales como son: ´El informalismo, por la ausencia de requisitos formales en su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad´”.