SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2015-S2

Precisados estos antecedentes, se colige que mediante la presente acción de libertad, se impugna el merituado Auto de 24 de octubre de 2013, de mandamiento de condena, mismo que es considerado lesivo y arbitrario al encontrarse pendiente el recurso de apelación en contra de la resolución que denegó la extinción de la acción penal, pues a decir del accionante, no podría cumplirse dicho Auto en tanto el Tribunal de alzada no resuelva la impugnación efectuada; empero, este hecho se encuentra relacionado al debido proceso, que en el fondo se denuncia como lesionado en la tramitación de la causa penal de referencia; sin embargo, conforme la jurisprudencia glosada en Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las lesiones al debido proceso sólo pueden ser tuteladas por la acción de libertad, cuando las mismas se encuentran vinculadas directamente al derecho a la libertad del accionante por operar como causa directa para su restricción o privación; y en tanto se demuestre estado absoluto de indefensión, requisito último que se exime ante resoluciones referidas a medidas cautelares; presupuestos que en el caso de autos no se cumplen, toda vez que, con relación al primero de ellos, la restricción a la libertad del ahora accionante no tiene como causa directa el Auto de 24 de octubre de 2013 de mandamiento de condena, pues en realidad ésta deriva de la Sentencia Condenatoria ejecutoriada mediante Auto Supremo 283/2013; a su vez, tampoco se demuestra un estado absoluto de indefensión; pues incluso el ahora accionante, en uso pleno de su derecho a la defensa, interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución que le denegó la extinción de la acción penal, estando pendiente aún su pronunciamiento; sin embargo, si consideraba lesivo y vulneratorio a su libertad y debido proceso, el hecho de mantenerse firme el Auto de condena de 24 de octubre de 2013, estando aún sin pronunciamiento el recurso de apelación en contra de la determinación que declaró la improcedencia de la extinción planteada, una vez agotada la vía ordinaria, podía recurrir a la acción de amparo constitucional en búsqueda de la protección de sus derechos presuntamente lesionados.