SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1000/2015-S1
Fecha: 26-Oct-2015
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Indica que, el 21 de febrero de 2011, su ex cónyuge inicio demanda de divorcio en su contra, argumentando en dicha oportunidad que se encontraban separados por más de dos años; mismo, que fue tramitada ante la Jueza Primera de Partido de Familia del departamento de Santa Cruz; en el desarrollo del proceso, a través de las declaraciones testificales de cargo, así como de descargo, la confesión provocada de ambos esposos, determinaron con claridad que estuvieron separados desde el 2004, concluyendo el aludido proceso con Sentencia que declaró disuelto el vinculo conyugal.
Posteriormente, en la vía incidental solicitó la división y partición de bienes, mediante Auto 583/14 de 20 de junio de 2014, la Jueza de instancia resolvió como sus bienes propios, los terrenos ubicados en la ciudad de la Santísima Trinidad, que le fueron cedidos en adelanto de legitima, registrado en Derechos Reales (DD.RR.) del mencionado distrito judicial, bajo la matrícula computarizada 8011010008924; asimismo, el fundo rústico ubicado en la localidad de Tres Cruces, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, debidamente inscrito en DD.RR., bajo la matrícula computarizada 7052050000006, que fue adquirido de las ventas parciales que realizó de los terrenos ubicados en la señalada ciudad. Ante ello, Mónica Argandoña de Vaca, interpuso recurso de apelación contra el referido fallo, bajo el argumento que conforme a los arts. 113 y 123 del Código de Familia (CF), todos los bienes adquiridos en vigencia del matrimonio son bienes gananciales. Recurso que mereció el injusto Auto de Vista 209/14 de 24 de diciembre de 2014, pronunciado por los Vocales ahora demandados, el cual revocó parcialmente la Resolución del inferior, bajo los mismos agravios expresados por la apelante, con la justa legal y fundada disidencia de la Vocal Teresa Lourdes Ardaya Pérez, fundamentando que, la compra del referido fundo rustico se realizó después de haber cesado la convivencia entre los cónyuges y haber dejado de ser cumplida la función social y fines del matrimonio que se dio el año 2004.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 13
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- o de hecho
- o la desvinculación de la unión libre
- En ese contexto, de todo lo referido tanto en la legislación anterior y actual de la normativa familiar, se entenderá que los bienes gananciales concluyen también, cuando los esposos, ya sea por la voluntad de uno o ambos cónyuges, ya no habitan en forma permanente el mismo domicilio conyugal, es decir, que ambos consintieron en una separación de hecho, poniendo fin a la comunidad de gananciales; pero, para tal afirmación, debe ser previa comprobación del mismo, ya sea mediante actos inequívocos como ser que ambos viven separados en diferentes domicilios de manera continua o mediante prueba idónea y fehaciente que evidentemente demuestre que los cónyuges ya no cohabitan, a pesar de estar vigente el vínculo matrimonial; porque los bienes adquiridos por los esposos en forma individual, luego de la separación de hecho (evidenciado), no puede ser parte de la comunidad de gananciales, porque ya no existió el esfuerzo e interés común de los mismos.
- Al quebrarse el deber de cohabitación en forma permanente (separación de hecho), ya sea por la voluntad de uno o ambos cónyuges, se puso fin a la comunidad de gananciales. Los cónyuges ya no se encontraban viviendo en un mismo domicilio conyugal, de modo, que el cese de cohabitación, ocasionó la vulneración de los deberes y derechos de los esposos regulados estos en los arts. 97 y 98 del Código de Familia, los cuales establecen sobre los deberes comunes y las necesidades comunes que deben tenerse ambos cónyuges; al no existir dichas obligaciones, se llega a suponer que terminó toda relación entre ambos en especial el de la comunidad de gananciales.
- Por lo indicado lo establecido por el art. 123 en su numeral 3) del Código de Familia, con respecto a la separación de los esposos, debe interpretarse en un sentido más amplio y no restrictivo a una simple orden judicial, o sea, desde la separación de hecho comprobada en proceso y al ser demostrada dicha separación mediante prueba idónea que avale dicha desvinculación, será desde dicho momento en el cual se pondrá fin a la comunidad de gananciales establecida en el art. 101 en relación con el art. 23 en sus distintos numerales, ambos del Código de Familia
- III.4. Sobre la fundamentación que debe contener las resoluciones judiciales
- (eficacia)
- verdad material
- III.5. De la valoración de la prueba
- III.6. Análisis del caso concreto
- en vigencia de la separación
- CONFIRMAR