SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1250/2015-S2

Ahora bien, en el análisis del caso, es necesario contextualizar el tratamiento que este tipo de procesos mereció a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, en la jurisdicción ordinaria concretamente, la establecida a través de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 405 de 1 de noviembre de 2012, que sobre el tema señaló que: "...los contratos administrativos por su naturaleza se diferencian de los contratos privados y en mérito a ello, se encuentran sujetos a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público, razón por la que los Tribunales de la jurisdicción ordinaria civil, no tienen competencia para resolver litigios originados en la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de los contratos administrativos, aspecto que corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa, reconocida por la actual Constitución Política del Estado como una jurisdicción especializada, en la última parte del art. 179.I que dispone: “...existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley” (sic) y, en ese mismo sentido, por el art. 4.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); ésta última norma en su Disposición Transitoria Décima determina que la regulación de la jurisdicción especializada será desarrollada por Ley” (las negrillas son ilustrativas).

A partir de la Constitución Política del Estado de 2009, el Tribunal Supremo de Justicia, ante la ausencia de una ley que establezca la jurisdicción especializada y la autoridad competente, para conocer este tipo de procesos, generó una línea jurisprudencial, que reencausó la sustanciación de estos procesos, corroborada por la jurisprudencia constitucional.

En la actualidad, este problema ha sido superado con la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, “Ley Transitoria para la tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo”, por la que se crea la jurisdicción especializada y establece que los Tribunales competentes para conocer los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, emergentes de los conflictos, en los que son parte las instituciones de la administración pública, lo que en este momento otorga certeza a la entidad accionante, para tramitar su demanda ante las instancias competentes y recobrar los recursos económicos en su favor.