SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1453/2015-S2

Su representado es único y legítimo propietario de tres lotes de terreno colindantes entre sí, con una superficie de 3566,64 m², 2000 m² y 1000 m² , respectivamente, ubicados en la ex Hacienda Calacoto, zona Alto Calacoto, debidamente registrados en Derechos Reales (DD.RR.) de La Paz, bajo las matrículas 2.01.0.99.0017680, 2.01.0.99.0142459 y 2.01.0.99.0162921 y, ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, bajo los respectivos códigos catastrales, los cuales fueron objeto de avasallamiento por parte de medio centenar de personas bajo la dirección de los ahora demandados, supuestos dirigentes de la junta de vecinos, quienes sin contar con título propietario alguno ni autorización para su ingreso, en varias ocasiones en el mes de septiembre del 2014, coaccionaron a su arquitecta junto a unos cuantos obreros para que no realice el cerco de los mismos, amenazándolos incluso de muerte si continuaban con estos trabajos.

Todo comenzó cuando dicha profesional en ocasión de realizar su trabajo pretendió realizar el cerco de uno de los terrenos, siendo advertida por los miembros de la referida junta vecinal que no se permitiría tal cometido mientras no se acuerde un acceso peatonal desde la avenida hasta los terrenos. Ante estas reiteradas amenazas, ésta se constituyó a la Federación de Juntas Vecinales para obtener una certificación de si estos sujetos pertenecían a la junta vecinal de la zona, informándole que no era así; asimismo, el 14 de noviembre del mismo año, interpuso querella por la presunta comisión de los delitos de amenazas y coacción.

Posteriormente, en un intento más de realizar el enmallado de los terrenos, fueron nuevamente echados, amenazados y esta vez agredidos abusivamente, saliendo al frente un supuesto propietario, identificado como Raúl Patiño, quien en coordinación con Pablo Antonio Ormachea Pacheco, codemandado, ordenaron a los vecinos la construcción de viviendas precarias, de las cuales advirtieron su construcción en ocasión de su retorno a los predios, volviendo a ser agredidos por la turba de más de 50 personas, las cuales ya se asentaron en el lugar, munidas de palos y otros objetos contundentes; así, tratando de frenar este inminente avasallamiento, buscaron el diálogo, logrando llegar a un acuerdo, gracias a la intervención de la Policía Boliviana; sin embargo, los avasalladores, incumpliendo lo acordado y demostrando su intención de adueñarse de la propiedad privada, con violencia, amedrentamientos y amenazas, tratando de adquirir derechos que no les corresponden, continuaron con las ilegales construcciones, sin permitir el ingreso al legítimo propietario; extremos acreditados por los informes policiales de 19 y 20 de mayo de 2015.