SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1486/2015-S2

En su calidad de ganadero, con una tradición de más treinta años en el rubro, ocupado en el mejoramiento genético de la raza Nelore, con toda dedicación y haciendo uso de la más moderna biotecnología de alta genética, consiguió importantes reconocimientos que hacen que sus ejemplares sean identificados a nivel nacional e internacional.

Con la finalidad de potenciar e incrementar el índice de producción bovina, al haber logrado la obtención de preñez del 76,49% y de nacimiento de un 72,87%; motivado por las bondades ofrecidas por la Empresa Pfizer Bolivia S.A., decidió utilizar sus productos, consistentes en vacunas reproductivas Cattle Master 4+L5 y Spirovac; los que, para su aplicación técnica, contaban con el asesoramiento de Jorge Antonio Rengifo Garrido en su calidad de Gerente y Víctor Genaro Tufiño Justiniano, del Servicio Técnico, ambos de la citada Empresa; razón por la cual, se adquirieron las vacunas.

Es así que, ante las recomendaciones de los nombrados se utilizaron ambos productos durante la gestación de la inseminación a tiempo fijo (IATF); sin embargo, en la aplicación de las vacunas se omitieron los protocolos técnicos insertos en los folletos de la señalados productos; pues, simple y llanamente excluyeron las reglas específicas recomendadas por Pfizer Bolivia S.A, de aplicar las vacunas antes de la inseminación o monta, hecho que provocó la muerte embrionaria en novecientos noventa y siete bovinos inseminados y fecundados en el momento; como consecuencia bajó catastróficamente la tasa de gestación y de nacimientos, causando con ello un daño económico enorme que alcanzó $us997.- (novecientos noventa y siete mil dólares estadounidenses); razón por la cual, accionó un proceso penal habiendo formalizado denuncia contra los indicados por la presunta comisión de los delitos de estafa y daño calificado; el mismo que estuvo a cargo de Osman Arias Villarroel, Fiscal de Materia y Marina Flores Villena, ex Fiscal Departamental, dictando el primero, Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento y Rechazo; y la segunda, ratificando el sobreseimiento; careciendo ambas resoluciones de fundamentación y de una correcta valoración de las pruebas de cargo y descargo; por cuanto, el Fiscal de Materia sólo se limitó a deducir aspectos doctrinales y gramaticales del delito de estafa y daño calificado, sin referirse a las pruebas presentadas, aparte de inobservar requisitos de forma, sin explicar por qué llegó a ese criterio jurídico; y la ex Fiscal Departamental, cuando dictó la Resolución 195/14 de 8 de mayo de 2014, de manera expresa y categórica conminó al inferior a corregir el procedimiento, otorgándole un plazo fatal de siete días para enmendarlo; no obstante, voluntariamente actuó inversamente permitiendo la dilación ilegal, sin verter una nueva resolución conforme a ley, pese a habérsele pedido pronunciamiento expreso; es más, el Fiscal de Materia, no actuó con celeridad, de manera pronta, oportuna y sin dilaciones conforme el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); por el contrario, la dilación fue elocuente porque la investigación se mantuvo en secreto y se estancó dolosamente por el lapso de más de treinta días.