SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0140/2015-S2

A raíz de una imputación formal dispuesta por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de conducción peligrosa de vehículo, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, omisión de socorro y una solicitud de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, el Juez ahora demandado, apartándose de dicho pedido, dispuso su detención preventiva en el centro penitenciario de “San Pedro” de la ciudad de La Paz, basando su decisión en la existencia de riesgos procesales descritos en el art. 234 numerales 1, 5 y 10 del Código de Procedimiento Penal (CPP), relacionados al domicilio consignado en la cédula de identidad y en cuanto al trabajo y actividad lícita, sin tomar en cuenta que se presentó en el primer caso, un certificado actual de registro domiciliario, el cual acredita que vive con su familia en la ciudad mencionada y, en el segundo, la presentación del Número de Identificación Tributaria (NIT) de la empresa en la que trabaja y las respectivas planillas de pago de salarios, sosteniendo finalmente que se constituiría en un peligro para la sociedad por conducir en presunto estado de ebriedad, sin fundamentar dichos extremos.

Así, los supuestos riesgos procesales son “creación” del Juez demandado, toda vez que, no fueron parte del requerimiento fiscal y mucho menos fundamentados en audiencia de medidas cautelares, con lo cual dicha autoridad ha ingresado en una actividad que no es neutral y no puede crear, presentar o inventar riesgos procesales ni ordenar en base a ello, la detención preventiva dejando además de lado, el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares de carácter personal, pues debe haber coherencia y racionabilidad entre el hecho, la investigación y la restricción; extremos que denotan que se pronunció una Resolución ultra petita.