SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2015-S2
Fecha: 25-Feb-2015
1)
Carlos Palacios Flores, abogado representante de la autoridad demandada, presentó informe oral en audiencia, manifestando que: 1) Los accionantes observaron la Resolución Técnica 270/2012, así como la Ordenanza Municipal 065/2011; al respecto, el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en sus inc. 2 y 3, señala que la acción de amparo, no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas, es así que tanto la resolución técnica como la ordenanza municipal son actos administrativos, los cuales debieron ser impugnados mediante el recurso de revocatoria y jerárquico, y no así activar la acción de amparo constitucional en observancia del principio de subsidiariedad; 2) No es cierto que exista un peligro inminente, porque desde la emisión de la ordenanza municipal han transcurrido más de dos años y desde que se emitió la resolución técnica más de un año, motivo por el que no se puede considerar que haya tal riesgo habiendo transcurrido tanto tiempo; toda vez que, la jurisprudencia constitucional señala que para que se considere que un acto o hecho sea considerado como peligro inminente, la acción debe ser presentada de manera oportuna e inmediata, de lo contrario no justifica la premura ni la gravedad; 3) Es falso que el accionante no recibió respuesta a sus solicitudes, pues revisando el expediente se puede advertir la existencia de cartas y solicitudes, cada una de ellas con su respuesta respectiva; 4) La accionante señaló que se le vulneró el derecho a la vida, por la existencia de un canal de drenaje; empero, fue ella misma la que se causó la vulneración; toda vez que, la municipalidad en reiteradas oportunidades conjuntamente la empresa que elaboró los drenajes, trataron de realizar canales y diques con la finalidad de evitar esos daños, pero la accionante no permitió el ingreso a su propiedad; 5) La Alcaldía en ningún momento se opuso a realizar los diques; 6) Adjuntaron una serie de cartas que cursan en el cuadernillo de acción de amparo, de las cuales las respuestas fueron las reuniones frecuentes; y, 7) Las fotografías y actuaciones notariales no son válidas, porque, una notaría no tiene competencia para determinar cuáles son los motivos para la existencia del caudal, al no ser un perito, por lo tanto, no es la autoridad llamada por ley.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional; es el derecho al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: Su respeto y su protección. El art. 15.I de la CPE, lo consagra como un derecho fundamental al señalar que: «Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…»'.
- 'Debemos recordar que el art. 46 de la CPE, consagra: «I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución».
- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…) que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…».
- 'En lo que respecta propiamente al derecho a dedicarse al comercio, como derecho social y económico, el art. 47.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), señala que: «Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo». Es decir, que el ejercicio del comercio es una manifestación del derecho al trabajo, actividad comercial a la que puede acceder toda persona sea natural o jurídica, dentro de los márgenes constitucionales y legales, teniendo siempre en cuenta el bienestar común, y el respeto a los valores y principios previstos por el art. 8.II con relación al 306.III de la CPE, que son la: «reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia» para vivir bien y el bienestar de la colectividad, de tal manera que el individuo tenga la posibilidad de procurarse el sustento de su familia o entorno, como también desarrollar y proyectarse en el ámbito laboral-comercial en una actividad que forma parte de la organización económica del Estado Plurinacional, puesto conforme dispone el citado art. 306 de la CPE: «I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa»'.
- 'El art. 24 de la CPE, establece: «Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario».
- debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición.
- En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado».
- no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también de negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada».
- Concordante con lo indicado, el art. 147 de la Ley de Municipalidades (LM), sobre el derecho de petición, dispone que toda persona natural o jurídica, individual o colectivamente tiene el derecho de formular peticiones a las autoridades municipales, las que obligatoriamente deberán ser atendidas.
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo
- 2° DENEGAR