AUTO CONSTITUCIONAL 0076/2015-RCA

Por memoriales presentados el 11 de febrero de 2015, cursante de fs. 60 a 69, y el subsane de 20 febrero de igual año (fs. 74 a 76) los accionantes manifiestan que, en el Juzgado de Partido Mixto, Liquidador de Sentencia de Uyuni del departamento de Potosí, tramitaron un proceso de usucapión decenal contra la Sociedad Comercial Ugrinovic y Marincovic, representados por Mancho Marincovic, Nicolás Ugrinovic y Marinko Marincovic.

Refirieron que, cuando la causa se encontraba con resolución de calificación de proceso como ordinario de hecho, Armando Padilla Acarapi, encargado del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), se apersonó haciendo conocer que el inmueble sobre el que recaía el litigio de usucapión fue transferido por los demandados a la Caja de Seguro Social Ferroviario en 1958 y el Juez de la causa emitió Resolución de 13 de noviembre de 2012, dispuso la prosecución del trámite, admitiendo al representante de SENAPE como tercero interesado.

Agregaron, que una vez admitido el apersonamiento del representante del SENAPE, éste interpuso una serie de incidentes de nulidad, de los cuales dos fueron declarados no ha lugar por el Juez de la causa, y el tercer incidente mediante Auto Definitivo 002/2014 de 24 de febrero, fue declarado ha lugar, disponiendo la nulidad de obrados hasta el decreto de admisión de la demanda inclusive; contra esta última Resolución, interpusieron recurso de apelación, demostrando como uno de los puntos de argumentación la vulneración de los arts. 1311.I del Código Civil (CC) y 400 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Señalaron, que una vez radicado el recurso de apelación en la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, ésta pronunció Auto de Vista 115/2014 de 31 de julio, confirmando el  “Auto Definitivo” 002/2014, en el cual omitieron pronunciarse sobre la vulneración de los arts. 1311.I del CC y 400 inc. 2) del CPC, establecido en la apelación, incurriendo en la violación de su derecho al debido proceso en su dimensión garantía jurisdiccional y falta de congruencia, establecidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).