AUTO CONSTITUCIONAL 0211/2015-RCA

Por memorial presentado el 3 de febrero de 2015, cursante de fs. 67 a 79 vta., el accionante refiere que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), presentó denuncia en su contra y otros, por la presunta comisión de delito de peculado. Una vez iniciada la investigación y, a la conclusión de la etapa preparatoria, Jakelyn Tintaya Callisaya y María Melina Lima Nina, Juezas Décima Segunda y Décima Tercera de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz respectivamente, quebrantaron sus derechos fundamentales al haber admitido la ampliación de la imputación formal.

Aclaró que, la Jueza Décima Segunda citada ut supra, el 28 de abril de 2014, conminó al Ministerio Público a presentar requerimiento conclusivo; empero, éste último en lugar de cumplir lo instruido, presentó ampliación de imputación formal en su contra. Este actuado, no puede presentarse en cualquier momento del proceso, ya que la orden impartida por la autoridad judicial fue de presentar acusación fiscal, suspensión condicional del proceso y sobreseimiento, conforme determina el art. 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Por lo observado, reclamó que la autoridad judicial referida mediante decreto de 19 de mayo de 2014; admitió la ampliación de la imputación formal vulnerando su derecho al debido proceso, que luego se vio forzado a activar el recurso de reposición que fue declarado no ha lugar por la Jueza Décima Tercera de Instrucción en lo Penal en suplencia legal, decisión que considera carente de motivación, debido a que se remitió simplemente a exponer los antecedentes del proceso, por lo cual en complementación solicitó que dicha Jueza le manifieste si esa decisión era impugnable; en respuesta, se le comunicó que debía observar el art. 403 del CPP, dejando entendido que la misma no es apelable.