SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2015-S1
Fecha: 18-Ago-2015
denegó
La Sala Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución de 11 de febrero de 2015, cursante de fs. 173 vta. a 180 vta., denegó la tutela, en base a los siguientes fundamentos: a) Después de que se presentó la denuncia contra el accionante, se dictó el Auto de inicio de proceso disciplinario, se aperturó un plazo probatorio para luego pronunciar la Resolución definitiva contra la cual se planteó el recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Disciplinario de alzada, por lo que se considera que las partes fueron debidamente escuchadas, así como que ofrecieron sus medios probatorios e hicieron uso de los recursos que la ley le confiere, motivos por los que no existió la vulneración del derecho al debido proceso alegada; b) Las Resoluciones emitidas dentro del proceso disciplinario contienen la debida motivación y fundamentación ya que ambas dan sus razones por las cuales el Tribunal declaró improbada la denuncia por las faltas disciplinarias graves y leves, y probada en relación a la gravísima; c) Respecto a la falta de acreditación de legitimación de la denunciante, en atención a lo dispuesto por el art. 195 de la LOJ, un proceso disciplinario se inicia a denuncia de cualquier persona particular o servidor público; d) Ricardo Franco Chapana Isnado sostuvo que el Auto de inicio del sumario disciplinario no describía los medios probatorios de descargo, que no fundamentó ni mencionó los actuados realizados, de igual manera que no se le notificó con la prueba; de la revisión de dicho Fallo, se tiene que se dispuso citarse en forma personal al denunciado con la misma y con copia de la prueba de cargo, en conformidad con el art. 82 del Reglamento de Régimen Disciplinario vigente; y, e) Respecto a la interpretación de la legislación ordinaria y de la valoración de la prueba aportada, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional se impuso restricción al determinar que esa es labor privativa de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, por lo que en el presente caso no se puede entrar a realizar una interpretación de disposiciones legales sustantivas o procesales.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.3.
- III.
- Fragmento 10
- III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. La fundamentación de las resoluciones como elemento de la garantía del debido proceso
- '…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió'
- Conforme a lo expuesto, la fundamentación y motivación de las decisiones asumidas por los servidores públicos y particulares -en el ámbito de sus competencias- es exigible tanto en materia judicial como administrativa
- III.3. Sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales
- De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: a) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa, etc.) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello, a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de ésta; b) La noción de 'reglas admitidas por el Derecho', rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidad hermético - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas de Savigny, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; c) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional; empero, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra habilitada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, d) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. En ese sentido, no es exigible la argumentación númerus clausus en las demandas de amparo constitucional, sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: 1) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; 2) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, 3) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR