SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2015-S1
Fecha: 18-Ago-2015
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra a denuncia de la "supuesta" encargada de Unidad de Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura, que lo inculpó de haber conducido un vehículo oficial en estado de ebriedad cuando desempeñaba sus funciones como Oficial de Diligencias de la Central de Notificaciones del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, según la denunciante esos hechos se adecuaron a los arts. 187.19 y 188.I.13 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); es así que una vez dictada la Resolución definitiva, la mencionada funcionaria recién presentó su acreditación como representante de dicha Unidad, solicitando se admita la misma y que el Memorando CM-DIR.RR.HH. 0349/2013 de 5 de abril, se arrime al sumario disciplinario 008/2014 de 7 de mayo, sin que la Jueza Disciplinaria codemandada haya exigido que previo a la admisión, la acusadora demuestre su legitimación activa.
El Auto de Inicio del Proceso Disciplinario JD 2º 001/2014 de 26 de marzo, se limitó a repetir lo mencionado por el Auto de admisión, sin realizar una relación de los supuestos hechos y los medios probatorios de cargo, por lo que se lo emitió sin fundamentación que hubiere determinado los resultados de la etapa investigativa.
Por "Resolución TD 2 03/2014 de 22 de mayo" (sic), se declaró probada la comisión de la falta disciplinaria contenida en el art. 188.I.13 de la LOJ, con destitución del cargo, sin que en el proceso señalado se haya realizado una correcta valoración de la prueba, debido a que no se llegó a establecer que efectivamente estaba en estado de ebriedad, más al contrario, los testigos de descargo señalaron que estaba sano; la Resolución se basó únicamente en un análisis de laboratorio que determinó que se le encontró cierto grado alcohólico, el cual fue efectuado a solicitud de "Tránsito" dentro un proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público, sin tomar en cuenta que no existía sentencia ejecutoriada en su contra.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.3.
- III.
- Fragmento 10
- III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. La fundamentación de las resoluciones como elemento de la garantía del debido proceso
- '…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió'
- Conforme a lo expuesto, la fundamentación y motivación de las decisiones asumidas por los servidores públicos y particulares -en el ámbito de sus competencias- es exigible tanto en materia judicial como administrativa
- III.3. Sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales
- De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: a) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa, etc.) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello, a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de ésta; b) La noción de 'reglas admitidas por el Derecho', rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidad hermético - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas de Savigny, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; c) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional; empero, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra habilitada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, d) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. En ese sentido, no es exigible la argumentación númerus clausus en las demandas de amparo constitucional, sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: 1) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; 2) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, 3) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR