SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0852/2015-S2

‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”.

Bajo este mismo razonamiento la SC 1353/2011-R de 30 de septiembre, puntualizó que: “La acción de libertad, contenida en el art. 125 de la CPE, ha sido instituida como una acción tutelar con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, reforzando además su particularidad de acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es el resguardo y protección de derechos como la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que la considere en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal, constituyéndose en una garantía constitucional de carácter jurisdiccional, tomando en cuenta además que, la libertad y la vida son derechos primordiales para el ser humano…”.

En virtud a la jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, cabe precisar que la acción de libertad se erige en mecanismo tutelar de carácter procesal destinado a proteger los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción contra acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión a los derechos precedentemente enunciados; sin embargo, esta jurisdicción de manera reiterada ha sostenido que no todas las lesiones a los derechos a la vida y a la libertad física y de locomoción merecen ser reparadas por la presente acción constitucional; es decir, si la norma procesal prevé mecanismo ordinario de protección, que por su misma naturaleza sean idóneos, oportunos y efectivos, los mismos deben ser previamente agotados, de ahí que la presente acción constitucional es excepcionalmente subsidiaria.