SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2016-S3

Siguiendo ese entendimiento, la SCP 1013/2014 de 6 de junio estableció que: “…la Constitución Política del Estado en su art. 179, distingue y separa con claridad a la jurisdicción ordinaria de la justicia constitucional y en su art. 129.I, establece que la acción de amparo constitucional procede: ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, de ahí que ésta Sala, concluye que por regla general las autoridades llamadas a salvaguardar a los ciudadanos de las vías o medidas de hecho son: las jurisdicciones ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesinas, debiendo los jueces naturales, adoptar las medidas jurisdiccionales pertinentes para el resguardo de los derechos fundamentales salvo se demuestre necesidad de tutela inmediata ante la justicia constitucional” (las negrillas son nuestras); de lo que se concluye que los accionantes no solo están compelidos a la carga probatoria como presupuesto de activación respecto a las medidas de hecho (SCP 0998/2012 de 5 de septiembre), sino también, de demostrar por qué requiere tutela inmediata.