SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2016-S3

En efecto, la SC 1748/2011-R de 7 de noviembre, concluyó que: “…el sólo hecho de la discrepancia manifiesta de la accionante respecto a lo decidido por las autoridades de la jurisdicción ordinaria, no se traduce en vulneración a sus derechos invocados ni configura el fundamento suficiente para acudir a la justicia constitucional en procura de revisar nuevamente lo decidido por las autoridades demandas; enfatizándose que, este Tribunal está impedido de ingresar al análisis del criterio emitido por el Juez y por los Vocales codemandados, respecto a las decisiones asumidas en las Resoluciones que se impugnan en la presente acción tutelar, por corresponderles la valoración de la prueba y la interpretación de las normas legales infra constitucionales en los procesos ordinarios puestos a su conocimiento, como facultad propia de la jurisdicción ordinaria y no de la constitucional, dada su finalidad protectora de derechos fundamentales y no de instancia de apelación o casacional” (las negrillas nos pertenecen); entendimiento jurisprudencial que se ratifica; toda vez que, solo se abre la tutela que brinda esta jurisdicción cuando se muestra la afectación a derechos y garantías fundamentales no pudiéndose confundir a la acción de amparo constitucional con un recurso ordinario adicional, de ahí que a ésta Sala no le atañe determinar si correspondía o no la renovación de actuados procesales conforme reclama el ahora accionante, por lo que ante la ausencia de los elementos antes mencionados y conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada.

En cuanto a la afectación a la seguridad jurídica, se entiende que al no estar instituida como un derecho, sino como un principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o administrativa, conforme dispone el art. 178 de la CPE, no puede ser objeto de tutela directa por parte de este Tribunal.