SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0947/2016-S1
Fecha: 19-Oct-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
EL 10 de marzo de 2016, suscribió un contrato de alquiler con la ahora demandada sobre un departamento ubicado en la calle Mann Césped y plazuela de Cala Cala s/n edificio Patmos por el canon de $us350.- (trescientos cincuenta dólares estadounidenses). El 7 de mayo del mencionado año, fue víctima de violencia doméstica y psicológica por parte de Walas de Oliveira Frota, quien realizó destrozos en el departamento que vivía como inquilina, hecho que fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); a consecuencia de dichos destrozos y sin consideración alguna, la demandada de manera violenta le arrebató las llaves y echó a la calle sin derecho al ingreso a su vivienda como inquilina, privándoles y restringiendo sus derechos, lo cual fue constatado mediante informe policial del “cabo Rubén López Aduviri” (sic), privándosele además de sus necesidades básicas tales como la vestimenta, alimentación, ropa, víveres y otros derechos que fueron vulnerados mediante amenazas, a través de vías, actos y hechos violentos por mano propia el 12 de mayo del señalado año a horas 20:00, desconociendo el documento de alquiler suscrito, encontrándose a la fecha de interposición de la presente acción tutelar en la calle, sin dinero ni ropa y sin tener donde cobijarse.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario,
- cuando se denuncian, (…) acciones que implican una reivindicación de las prerrogativas de las personas por sí mismas, vale decir, al margen de las acciones y mecanismos establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, de forma parecida a una justicia por mano propia; este Tribunal Constitucional ha determinado que tales actos son acciones o vías de hecho, porque no encuentran respaldo legal en norma alguna, vale decir no tienen apoyo legal
- las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.
- con relación a acciones de hecho que el propietario de un inmueble pueda tomar contra su arrendatario, este Tribunal ha dejado firme y uniforme jurisprudencia de que no podrá hacerlo, puesto que debe remitirse a las cláusulas del contrato, o en su caso demandar la resolución del mismo ante la autoridad llamada por ley, pero en ningún caso puede tomar acción por propia mano cerrando los ambientes que tenga arrendados o cortar los suministros de los servicios públicos, pues de hacerlo estaría lesionando derechos fundamentales como son los derechos al trabajo, a la dignidad, a la salud u otros, dado que dichos contratos no simplemente quedan circunscritos al campo civil, sino que definitivamente están estrechamente vinculados a cualesquiera de esos derechos porque pueden tener dos objetos sobre los inmuebles arrendados, realizar una actividad o ser utilizados como residencia
- La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos
- III.6. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR