SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1015/2016-S2

Juan Oscar Ferrufino Garnica, Gerente General; Gilberto García Colque, Presidente del Directorio; y, Julio Hinojosa Rodríguez, Director Representante del Sector Patronal, todos del Seguro Social Universitario, por intermedio de su representante legal, a través de informe escrito, cursante de fs. 88 a 92, señalaron que: De la revisión de obrados se advierte que Víctor Villarroel Terceros como tercero interesado, no fue citado con la presente acción; por lo que, se le estaría provocando indefensión, vulnerando su derecho a ser oído, la              SCP 0137/2012 de 4 de mayo, estableció la regulación de la identificación del tercero interesado en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional según el  art. 77.2, que establece como requisito de la demanda de acción de amparo constitucional identificar al tercero interesado; empero, considerando que el desarrollo legislativo de la citada Ley refiere únicamente a la exigencia de su identificación como contenido de la demanda de acción de amparo constitucional sin establecer la forma, procedimiento ni los defectos jurídicos en caso de incumplirse con este requisito, corresponde realizar, en lo conducente, una integración a este precepto legal del desarrollo jurisprudencial glosado precedentemente sobre la exigencia de citación al tercero interesado y sus emergencias, estableciéndose lo siguiente: 1) La teología de la citación a los terceros interesados con la acción de amparo constitucional es garantizar su derecho a ser oídos, en el entendido que si bien los terceros interesados no son parte de esta acción; sin embargo, tienen un interés legítimo en su resultado por la probable afectación de sus derechos, que pudiera derivar con el pronunciamiento del fallo de tutela constitucional. De ahí la relevancia de ser citados con la admisión de esta acción, a efectos de ser oídos teniendo la facultad de hacer uso de todos los medios de defensa que consideren pertinentes; 2) La citación de los terceros interesados con la demanda de acción de amparo constitucional, no es una mera formalidad, en razón a que se encuentra destinada a garantizar el derecho a ser oídos a quienes pueden verse afectados con el resultado del fallo de tutela, constituye un requisito de carácter formal imprescindible para la admisión de esta acción, que debió ser observado por el accionante, quien tiene la carga procesal de identificar con precisión a los terceros interesados y señalar sus domicilios, en cuyo caso el tribunal de garantías tiene el deber inexcusable de ordenar la citación del tercero interesado, de conformidad con la forma y procedimiento establecidos por la jurisprudencia constitucional glosada, que resulta aplicable al no ser contraria a los mandatos constitucionales que regulan la acción de amparo constitucional; 3) Si el accionante no cumplió con la carga procesal de identificar al tercero interesado, dicha omisión deberá ser observada por la Jueza de garantías en la etapa de admisibilidad de la acción y no a tiempo de resolverla, debiendo ordenar subsanación, otorgando para el efecto el plazo de cuarenta y ocho horas; salvo que por circunstancias excepcionales exista la necesidad de su ampliación, en esta situación la Jueza de garantías deberá tener cuidado de asegurar que esta ampliación sea acorde con la naturaleza inmediata de protección de la acción de amparo constitucional, a fin de no entorpecer la tutela pronta y oportuna que brinda. En tal sentido, el plazo de subsanación de cuarenta y ocho horas encuentra sustento en la práctica judicial operada por los jueces y tribunales de garantías en virtud de la jurisprudencia constitucional pronunciada sobre este extremo, plazo que resulta conducente con la naturaleza sumaria e inmediata de esta acción, salvo la excepción señalada precedentemente, la omisión del accionante en identificar al tercero interesado, no exime al tribunal de garantías del deber de ordenar la observancia de este requisito en la etapa de admisibilidad, quedando también implícita la obligación del tribunal, tratándose de causas que no emergen de procesos judiciales o administrativos, de extraer de los hechos que motivan la acción, la existencia de terceros con interés legítimo, para así asegurar su debida citación y resguardar el debido proceso constitucional y la igualdad jurídica de las partes y de quienes se pudieren encontrar afectados con su resultado; 4) En la etapa de admisibilidad, ante el incumplimiento de este requisito por parte del accionante, se mantienen los efectos jurídicos establecidos por la jurisprudencia constitucional debiendo rechazarse la acción cuando el accionante no subsanó su omisión en el plazo otorgado por el tribunal de garantías; 5) Si en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que la acción de amparo constitucional fue admitida y se llevó a cabo la audiencia de consideración pese a la inobservancia de este requisito, dará lugar a la denegatoria de la acción sin ingresar al análisis de fondo del asunto, sin perjuicio que el accionante pueda volver a interponer la acción, en cuyo caso se suspende el cómputo del plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional para los efectos de una nueva presentación, cómputo que se reiniciará desde la notificación con la sentencia constitucional que no ingresó al fondo; y, 6) En caso de que el Tribunal constatare en revisión, que la falta de citación al tercero interesado es atribuible al tribunal de garantías, por no haberlo citado, no obstante que el accionante cumplió con la carga procesal de identificación, se anulará obrados siempre y cuando sea previsible la afectación o alteración de la situación jurídica del tercero interesado; por lo que, solicitan se deniegue la tutela.