AUTO CONSTITUCIONAL 0338/2016-RCA
Fecha: 21-Nov-2016
II.5. Cumplimiento de los requisitos de admisión
“1. Nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en este último caso, la documentación que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, deberán acreditar el interés alegado. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata”.
Los accionantes señalaron sus generales ley, Eduardo Calisaya Chiri, con cédula de identidad 3084131 Oruro; y Albertina Arias Choque de Calizaya, con cédula de identidad 5756648 Oruro; ambos domiciliados en la calle Cochabamba s/n entre calle Sucre y Av. Ladislao Cabrera de la localidad de Challapata.
Indicaron como autoridades demandadas a Jaime Vásquez Sánchez ex Comandante y Marco Antonio Álvarez Herbas actual Comandante; del Regimiento de Satinadores de Montaña 24 “Tte. Felix Méndez Arcos” de Challapata, provincia Eduardo Abaroa del departamento de Oruro, ambos con domicilio en la Av. Ladislao Cabrera y calle 9 de abril de la localidad de Challapata (fs. 122 vta.).
El memorial de la acción de amparo constitucional, hace un detalle específico, coherente y cronológico de las medidas de hecho que hubiesen realizado los demandados desde el 20 de abril de 2016 en el lote de terreno de su propiedad, sin que exista orden judicial o documento alguno que acredite mejor derecho propietario (fs. 125 a 126).
Adjuntó en originales, ejecutorial de ley y matricula de DD.RR., testimonio de propiedad 75/99, comprobantes de pago de impuestos, certificado de tradición, plano de construcción, copia de las piezas mas importantes de la demanda de acción negatoria (sentencia, acta de desapoderamiento) y certificado de la junta vecinal (fs. 1 a 130).
- Fragmento 1
- I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
- I.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- improcedencia
- 1)
- II.1. Marco normativo constitucional y legal
- II.2. Sobre la excepción del principio de subsidiariedad frente a vías de hecho
- las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad. Por tanto el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.3. En medidas de hecho relacionadas con avasallamientos no corre el plazo de caducidad de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional
- se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos continuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión
- “…en cuanto al plazo de inmediatez para la interposición de la acción de amparo constitucional frente a la ocurrencia de medidas de hecho, efectivamente corre el establecido en el parágrafo II del art. 129 de la CPE; sin embargo, se debe efectuar la siguiente aclaración respecto a que los actos de avasallamiento por su misma naturaleza son permanentes en tanto no exista abandono del bien ocupado; es decir que los efectos de éstos actos ilegales perviven en el tiempo dando lugar a que el plazo de caducidad no transcurra, concluyéndose que únicamente para las medidas de hecho relacionadas con avasallamientos no corre el plazo de caducidad de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional
- II.4. Análisis del caso concreto
- II.5. Cumplimiento de los requisitos de admisión