SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1067/2016-S1
Fecha: 07-Nov-2016
denegó
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 59/2016 de 19 de julio, cursante de fs. 80 a 82 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante señaló que no se consignó el espíritu y los alcances de la SCP 0542/2015-S1 de 1 de junio, al respeto hizo notar que la misma Sentencia se emitió en fecha posterior a la cuestionada Resolución 81/2015 de 11 de mayo, consiguientemente mal podía haber consignado la Jueza de primera instancia, dicho fallo constitucional; ii) Del legajo de juicio se tiene que la apelación simple y llanamente hace mención a la falta de ofrecimientos de prueba para interponer la excepción de extinción penal por prescripción, por lo que este Tribunal entiende que esa excepción de puro derecho no requería prueba, sino simplemente el computo de plazos por parte de la autoridad judicial co-demandada, actuando dicho Tribunal de apelación en base al principio de legalidad e imparcialidad; iii) Severo Colque Roque, presentó acusación particular en contra de Teodora Ramírez Vda. de Cari por varios delitos, como ser difamación, daño simple, perturbación de posesión y despojo, sin embargo, en la presente acción tutelar, simplemente se ahonda en el tipo penal de despojo y no dice nada respecto a los otros tres delitos dejando en la nebulosa la consideración de estos; y, iv) Existe transgresión al principio de buena fe y falta de lealtad procesal de parte del accionante, debido a que por los mismos hechos, en contra de las mismas autoridades ahora demandadas y el mismo accionante, anteriormente inicio una primera acción de amparo constitucional que mereció la Resolución 357/2016 de 16 de junio, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Décimo Sexto del departamento de La Paz, que declara por no presentada esa acción tutelar, y esta, sería una segunda acción tutelar sorprendiendo a las autoridades de distribución de acciones de defensa.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- La prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la acción que opera por el transcurso del tiempo, luego de la comisión del delito; como sostiene Binder, es un límite temporal al ejercicio del poder penal del Estado, y así está prevista en nuestra legislación procesal penal en el art. 27 inc. 8) del CPP
- La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida,
- Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica.
- Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa
- De lo dicho se desprende que la prescripción sirve también para compeler a los órganos encargados de la persecución penal, y a la misma administración de justicia penal, a resolver de forma rápida y definitiva el ilícito que se ha cometido;
- a) La extinción de la acción penal por prescripción, conforme a la jurisprudencia glosada, tiene como fundamento -además de las razones de orden doctrinal y de política criminal-, a la propia Constitución Política del Estado, al consagrar ésta el derecho a la defensa (art. 119.II de la CPE), y por ende, la garantía del debido proceso (art. 117.I constitucional) y el principio de seguridad jurídica (178.I de la Ley Fundamental); y,
- Conforme a dicho entendimiento, el inicio de la acción penal no interrumpe el término de la prescripción, el mismo que sigue corriendo en el desarrollo del proceso y, por tanto, es posible declarar la extinción de la acción penal por prescripción, aún el proceso se encuentre en casación si es que en ese momento procesal se cumplieron los plazos previstos en el art. 29 del CPP
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 25
- Fragmento 26
- CONFIRMAR