SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1108/2016-S2
Fecha: 03-Nov-2016
1)
Roger Gonzalo Triveño Herbas y Cristina Mamani Aguilar, miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, en el informe escrito presentado el 11 de agosto de 2016, cursante de fs. 176 a 185 vta., señalaron lo siguiente: 1) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al ver que el denunciado no demostró la causal de excusa invocada, declaró ilegal la misma en aplicación a la SCP 1793/2013 de 21 de octubre, referente a las excusas y resoluciones de vocales y jueces; 2) La Resolución de segunda instancia dio respuesta a todos los agravios expuestos en el memorial de apelación y fueron debidamente fundamentados y motivados, y se citaron las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. De igual forma de los antecedentes del proceso, se pudo advertir que los hechos denunciados, guardan estricta relación con la decisión asumida por parte de la autoridad disciplinaria tanto de primera instancia como la de alzada; es decir, que las pruebas dieron muestra que el 4 de abril de 2014, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 120/2014 declarando ilegal la excusa formulada por Carlos Martin Camacho Chávez, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Claudia Griselda Pasten Alarcón, circunstancia que constituye falta disciplinaria grave prevista en el art. 187.3 de LOJ; 3) Respecto al segundo agravio referente a la falta de valoración probatoria, el accionante no puede alegar que en el proceso disciplinario se le sancionó por una falta inexistente, cuando las pruebas que cursan en el cuaderno procesal son contundentes, por cuanto el 4 de abril de 2014, la Sala Penal Segunda, emitió el Auto de Vista 120/2014, declarando ilegal la excusa formulada por Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Claudia Griselda Pasten Alarcón; por ello, es pertinente aclarar que en materia disciplinaria rige el principio de verdad material; es así que, del análisis del proceso, se tiene que tanto el Juez Disciplinario Primero como el Tribunal de alzada, cumplieron con el procedimiento establecido en el Acuerdo 075/2013 y art. 9 de la LOJ; y, 4) Se debe entender que el accionante, con seguridad debió haber analizado los argumentos para excusarse del proceso penal referido; es decir que, esos argumentos no tuvieron ningún respaldo legal que sustente su aceptación; por lo tanto, esos hechos motivaron a los Vocales de la Sala Penal Segunda declarar su excusa ilegal, porque para llegar a dicha determinación, es en razón a que los fundamentos expresados, no les convencieron para declarar su aceptación o su ilegalidad; en tal sentido, el accionante no puede alegar que en el proceso disciplinario, se le sancionó con una falta disciplinaria inexistente ya que su conducta se acomodó al art. 187.3 de la LOJ, en virtud a la prueba documental consistente en el Auto de Vista 120/2014, emitido por la Sala Penal Segunda; por lo que, debe denegarse la tutela solicitada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hecho que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- I.2.3. Informe de la tercera interesada
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- «La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes»
- este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- ‘La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad,
- la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”
- esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo