SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1148/2016-S2

El Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/16 de 31 de agosto de 2016, cursante de fs. 399 a 400 vta., denegó la tutela solicitada, conforme los siguientes fundamentos: i) Una vez que se produjo la renuncia expresa a la interposición de recursos existe falta de subsidiariedad, por no haberse hecho uso de los recursos que plantea la ley, teniendo expedito el recurso de apelación e inmediatamente después dependiendo de lo que hubiera podido salir de esos fallos, se les abría la puerta para la interposición de la acción de amparo constitucional y no lo hicieron así, precluyendo su derecho de interponer, que no se puede de manera recurrente y permanente por dos o tres veces más, volver a interponer y reintentar nuevamente las mismas solicitudes, ya que estaríamos promoviendo el doble pronunciamiento sobre el mismo hecho, lo que no pueden estar repitiendo y planteando nuevamente sus fallos; ii) Con relación a la falta de inmediatez el primer fallo fue planteado el 2012, y recién se lo plantea después de hacer barnizar y replantearlo, pero sin mayores modificaciones a su primer planteamiento una demanda tutelar después de más de tres años, lo que hace que no exista la inmediatez y se vaya contra los plazos de los seis meses establecidos, para la interposición de la demanda tutelar. No se puede plantear recursos para que posteriormente dejar que pase, volverlos a plantear para habilitar y posibilitar la acción de amparo constitucional, sobre este particular hay que preferir que existió  con el Auto 269/12, que es cosa juzgada, que es la actitud legal que adquiere una decisión jurisdiccional que hace que éste sea inmutable en el tiempo e impide su revisión posterior, siendo improcedente cualesquier recurso ordinario o extraordinario, conforme la          SC 1632/2011-R de 21 de octubre, de la misma manera la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, estableció claramente con relación al plazo de la interposición de la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; iii) De su vertiente material la cosa material despliega su eficacia frente a los otros órganos judiciales o administrativos que lleva un mandato implícito de no conocer lo ya resuelto, impidiendo con ello la apertura de otros procesos nuevos sobre el mismo asunto, este efecto solo producen las decisiones firmes sobre el fondo como único medio de alcanzar la paz jurídica evitando por una parte que la contienda se prolongue indefinidamente y por otra, que sobre la misma cuestión puedan caer resoluciones contradictorias lesionando la seguridad jurídica procesal. Ahora bien, la cosa juzgada está íntimamente vinculada a los aspectos resueltos por la resolución, que asume esa calidad en tanto y en cuanto se pretende someter a un nuevo pronunciamiento, un tema que ya fue resuelto con anterioridad a través de una resolución contra la cual ya no cabe recurso alguno, la cosa juzgada despliega toda su actividad. El art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), refiere que las y los magistrados, vocales, jueces deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer las etapas cumplidas excepto cuando existiera irregularidad procesal, reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley, la preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos, estas son las normas legales por las cuales se conviene en que no existe inmediatez y la subsidiariedad en el proceso, lo que da lugar a que deba pronunciarse el fallo.