Adjuntando Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001 de 19 de octubre, que dispone la nulidad de Títulos Ejecutoriales de Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani y Felipe Santos Mamani, interpusieron demanda civil ordinaria de nulidad de documentos en contra
Fecha: 02-Dic-2016
1)
Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito cursante de fs. 122 a 123 vta., manifestaron que: 1) El Auto Supremo 194/2016, anuló obrados, habida cuenta que las escrituras públicas de transferencias que cursan en el expediente ordinario provienen de un Título Ejecutorial que fue sometido a demanda de nulidad en la que se emitió Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001; 2) Los accionantes en el proceso civil no acreditaron de manera oportuna que los mismos se encuentren en área urbana y la CERTIFICADO D.O.G.T. 001/2016 data de 2 de marzo de igual año, a ocho días previos al pronunciamiento del Auto Supremo cuestionado; y, 3) Respecto a que el Auto Supremo 448/2015, hubiera sido dejado sin efecto por SCP 0149/2016-S1, se aclaró que no se tuvo conocimiento de dicho fallo a momento de que se dictó el Auto Supremo impugnado.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
- 1)
- improcedente
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. N
- la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios.
- III.3. Del principio de inmediatez
- Es así, que como exigencia ineludible de la persona física o jurídica que considera haberse vulnerado o restringido sus derechos o garantías fundamentales y que pretende la protección o restablecimiento de los mismos, debe cumplir con el principio y ahora requisito legal de la inmediatez,
- esta acción tutelar debe ser interpuesta dentro de los seis meses, plazo que se computa a partir de la comisión de la vulneración o restricción que se denuncia o de notificada la última determinación judicial o administrativa
- la exigencia procesal de la inmediatez, tiene justificación en que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos, además de hallarse directamente vinculada a los principios de preclusión y celeridad
- el cómputo de los seis meses de la inmediatez del amparo constitucional es a partir de la notificación por cédula fijada en el tablero de la Secretaría de Cámara de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, de lo que se extrae que dicha actuación es válida en secretaría de cualquiera de las salas del actual Tribunal Supremo de Justicia,
- computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa y judicial
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR