Adjuntando Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001 de 19 de octubre, que dispone la nulidad de Títulos Ejecutoriales de Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani y Felipe Santos Mamani, interpusieron demanda civil ordinaria de nulidad de documentos en contra
Fecha: 02-Dic-2016
improcedente
La Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 150 de 4 de octubre de 2016, cursante a fs. 161 y vta., declaró improcedente la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes fundamentos: i) Los accionantes inobservaron lo previsto por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establecen que la acción tutelar debe ser interpuesta dentro de seis meses de conocido el hecho lesivo; toda vez que, el Auto Supremo cuestionado fue notificado a los mismos el 21 de marzo de 2016 y la acción de defensa la interpusieron el 22 de septiembre del referido año; y, ii) No correspondía el señalamiento de nueva audiencia en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, conforme a lo previsto por el art. 3 incs. 4) y 11) del CPCo.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
- 1)
- improcedente
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. N
- la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios.
- III.3. Del principio de inmediatez
- Es así, que como exigencia ineludible de la persona física o jurídica que considera haberse vulnerado o restringido sus derechos o garantías fundamentales y que pretende la protección o restablecimiento de los mismos, debe cumplir con el principio y ahora requisito legal de la inmediatez,
- esta acción tutelar debe ser interpuesta dentro de los seis meses, plazo que se computa a partir de la comisión de la vulneración o restricción que se denuncia o de notificada la última determinación judicial o administrativa
- la exigencia procesal de la inmediatez, tiene justificación en que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos, además de hallarse directamente vinculada a los principios de preclusión y celeridad
- el cómputo de los seis meses de la inmediatez del amparo constitucional es a partir de la notificación por cédula fijada en el tablero de la Secretaría de Cámara de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, de lo que se extrae que dicha actuación es válida en secretaría de cualquiera de las salas del actual Tribunal Supremo de Justicia,
- computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa y judicial
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR