SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1261/2016-S2
Fecha: 05-Dic-2016
Resolución de procedencia y apertura de proceso
De antecedentes del caso se tiene que a denuncia del Comité de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Madre y Maestra” Ltda., el 10 de noviembre de 2015, se instauró un proceso disciplinario contra la accionante y habiéndose realizado una serie de actuados por el Comité Disciplinario de la citada Cooperativa como la emisión de pliego de cargo del 5 de enero de 2016, entre otros; por Auto de 27 de enero de 2016, dicho Comité anuló obrados hasta la presentación de la denuncia, consiguientemente emitió el 3 de febrero de 2016,Resolución de procedencia y apertura de proceso contra Estela Janeth León Romero, -accionante- y Vladimir Castro Zeballos, Edgar Kenny QuisberthVelásquez y Eliana Cintia García de Mercado, de igual forma emitió pliego de cargo contra los citados el 10 de febrero de 2016, en consideración la contravención del arts. 14 inc. c) del Estatuto Orgánico de la citada Cooperativa, 65 de la Ley General de Cooperativas; y, 431 de la Ley de Servicios Financieros, para posteriormente el 4 de marzo de 2016, emitir Resolución Sancionatoria contra la accionante y Vladimir Castro Zeballos, por contravención de los arts. 14 inc. c), del Estatuto Orgánico, 11incs. d); f) del Código Disciplinario, Capitulo IV, VI. II. incs. a); e); c); j) ;k); 2, 6, 9, y 12 del Código del Buen Gobierno Corporativo, suspendiéndolos temporalmente por tres años a ejercer sus derechos como socios a partir de la notificación de la Resolución; sin embargo, es evidente, que dicha Resolución fue impugnada a través de la apelación planteada de manera oral conforme refiere la accionante, mediante Acta de la Asamblea General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Madre y Maestra” Ltda., de 26 de marzo de 2016, en la que como puntos de agravios señaló los siguientes: a) No ha sido legalmente notificada con la Resolución de 4 de marzo de 2016; b) Que se afectó sus derechos a la petición, información, defensa y la presunción de inocencia, porque no se le otorgó fotocopias legalizadas de todo el proceso, pese haber solicitado en tres oportunidades; c) No se dio respuesta al incidente que planteo de extinción de la acción por el transcurso del tiempo, contraviniendo su derecho a la defensa y al debido proceso; d) Que se violentó su derecho a la defensa y al debido proceso, al no haber respondido al incidente de nulidad planteado el 12 de febrero de 2016, por falta de notificación con la Resolución de procedencia; e) No existió daño causado por la accionante ya que actuó como abogada patrocinante y abogada libre de Rene Vargas, por un contrato de servicios, aclarando que era suplente del Consejo de Administración; y, f) La Resolución de 4 de marzo de 2016, es carente de fundamentación, motivación es incompleta y no resolvió sobre el incidente de nulidad e incidente de extinción de la acción por el transcurso del tiempo. Empero, también es evidente que dicha apelación, mereció la resolución emitida en la Asamblea General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “ Madre y Maestra” Ltda., de 26 de marzo del referido año, de cuya acta se tiene que en dicha Asamblea, fue el presidente del Comité Disciplinario quien puso a consideración de todos los miembros de la Asamblea la Resolución Sancionatoria de 4 de marzo de 2016, la cual fue aprobada por el voto de cuarenta y nueve socios, sin haber expresado argumento o motivo alguno por el cual se emitió dicha determinación.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11
- II.12.
- 1) El Comité Disciplinario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Madre y Maestra” Ltda., realizó los siguientes actos
- III.1. Configuración de la acción de amparo constitucional
- la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.
- el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos
- la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos»
- está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad,
- La jurisprudencia constitucional (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras) es uniforme al identificar al debido proceso como un derecho, garantía, principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por otros derechos y garantías, como ser
- no puede limitarse en su aplicación solo a los ámbitos jurisdiccional y/o administrativo, haciéndose extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad,
- La motivación de las resoluciones es un elemento componente del derecho-garantía-principio del debido proceso, así lo ha entendido este Tribunal que en la SC 0937/2006-R de 25 de septiembre, al señalar que: `…las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores´». Este deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, se vincula tanto con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica.
- cuando las resoluciones no están motivadas «…y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada,
- Resolución de procedencia y apertura de proceso
- interponer recurso de apelación ante la próxima Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria de Socios
- 2)
- CONFIRMAR en parte
- 3° Disponiendo