SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1323/2016-S1

Pablo Vargas Pizarro, Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 12 de octubre de 2016, cursante de fs. 99 a 100 vta., refirió: i) En el presente caso se resguardó el debido proceso, siendo que a la fecha existe control jurisdiccional vigente; asimismo, si bien es cierto que la accionante mediante memorial de 9 de septiembre de 2016, impetró control jurisdiccional; empero, lo hizo cuando el expediente se encontraba en otro tribunal debido a la interposición de otra acción de libertad en contra del Fiscal de Materia; por lo que, el 15 del mismo mes y año, una vez retornado los actuados la misma fue providenciado, disponiéndose que el representante del Ministerio Público en el plazo de cuarenta y ocho horas informe sobre los extremos y remita el cuaderno de investigación; sin embargo, la parte accionante no viabilizó las diligencias; ii) El señalamiento de audiencia de consideración de medida cautelar se la realizó a petición del Fiscal de Materia en el otrosí primero de la imputación formal y que el Ministerio Público o las partes no sustenten motivadamente los riegos procesales será motivo de análisis en audiencia; iii) La solicitud de declaratoria de rebeldía también fue resuelta oportunamente mediante providencia de 15 de septiembre del aludido año; puesto que se solicitó al Ministerio Público que adjunte las publicaciones por edicto supuestamente realizadas, notificaciones que fueron viabilizadas por la solicitante de tutela hoy representada sin mandato; iv) Los memoriales presentados el 1 de julio, 15 de agosto y 9 de septiembre todos del antedicho año, no fueron diligenciados por la dejadez de la impetrante de tutela; toda vez que, debe proveer las copias de rigor; v) El incidente de nulidad de imputación formal de fecha 26 de septiembre del mencionado año, mereció respuesta oportuna, puesto que se providenció el 27 del mismo mes y año, que también se encuentra pendiente de viabilizar las notificaciones de traslado dispuestas; y, vi) No se advierte que se haya omitido menos vulnerado el debido proceso o alguna garantía constitucional, mas aún cuando es la propia solicitante de tutela que no viabiliza lo dispuesto por el juzgador; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.