SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2016-S1
Fecha: 01-Feb-2016
1)
Juan Velásquez Orgas, mediante memorial cursante de fs. 180 a 188 vta., refirió que: 1) El accionante alegó que el Auto Supremo 448/15, incurrió en una incorrecta y lesiva valoración de la prueba, acompañando como tal la certificación DOT 068/2010, certificado del distrito 5, plano de delimitación de agosto de 2015, que no tienen ningún valor, ya que no cuenta con ninguna ordenanza municipal, además de no estar homologado por resolución suprema del ministerio rector según exigen las RRMM 152 de 20 de agosto y su modificatoria 081 de 9 de abril de 2015, ambas del Ministerio de Planificación del Desarrollo; 2) La prueba presentada data de tiempo atrás, no siendo actualizada; por lo tanto sin valor legal, tampoco existe una determinación oficial de la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro –hoy Gobierno Autónomo Municipal de Oruro- que fuera homologada ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo que delimite con exactitud, certeza y especialmente, legalidad sobre los limites urbanos de Oruro; y 3) En el periódico La Patria de 28 de septiembre de 2015 adjuntado, el alcalde explicó que: “La homologación del plano del área intensiva y extensiva de Oruro, ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo, quedo pendiente en la pasada gestión municipal (…) por lo que no fue homologado el plano de los límites y es un tema pendiente” (sic).
Lucho Zarate Huarachi, en audiencia refirió que ya se plantearon varias demandas ante los Juzgados Agrarios, donde se consideró y dirimió la competencia, asimismo, las SSCC 0550/2012 de 20 de julio y 0695/2013 de 3 de julio, determinaron que la autoridad jurisdiccional que cuando deba debatirse el tema de la competencia, corresponde referirse y someterse a una decisión de que si el destino de la propiedad o el tipo de actividad que está asignada es precisamente para vivienda o agraria.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- III.3. La revisión de la actividad jurisdiccional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional
- ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela.
- a) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”
- lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma,
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador,
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión
- Asimismo, la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, de la Disposición Transitoria Primera, establece que los jueces agroambientales.
- el elemento que determina cual es la jurisdicción que conoce de las acciones personales, reales y mixtas, es el carácter agrario de la propiedad, posesión o actividad; a este objeto al momento de determinar la jurisdicción se tomaba en cuenta la ubicación del inmueble objeto del litigio o el lugar de la actividad desarrollada; en este sentido, si el objeto del litigio o la actividad se desarrollaba en el área urbana, le eran aplicables las normas del Código Civil, en consecuencia la acción era de competencia de la jurisdicción ordinaria, en cambio si el objeto o la actividad era desarrollada en el área rural se aplicaban las normas de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la acción era de competencia de la jurisdicción agraria; situación que es determinada por las ordenanzas municipales que delimitaban el área urbana civil, con la condición de que estas sean homologadas por el Poder -ahora Órgano- Ejecutivo, mediante una resolución suprema en cumplimiento al art. 8 de la Ley 1669
- III.6.Del principio de verdad material
- la verdad material: «es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento
- la verdad material como la impulsión de oficio son principios básicos del procedimiento administrativo, su alcance rompe con la suficiencia de la verdad formal estancada en ritualismos procesales y formales, limitada a descansar en la actividad desarrollada por la parte o partes, que en muchos casos no desentrañan la verdad de los hechos, con lógica de la imposibilidad de alcanzar una justicia material, fin último que persigue la verdad material.
- que no son conducentes con el contenido del principio de verdad material la pasividad de la administración que pretenda encontrar justificativo en la inactividad o negligencia de la parte,
- III.7. Análisis del caso concreto
- Si esto es así, consecuentemente, los actores debieron acudir a la vía agraria para hacer valer sus derechos, toda vez que se entiende que la nulidad de los Títulos Ejecutoriales descritos supra, dieron lugar a la suscripción de la minuta de fecha 18 de febrero de 2003, de la cual, ahora se pretende la nulidad; por dicho motivo, los actores debieron continuar su pretensión de nulidad en la jurisdicción agraria
- REVOCAR