SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0204/2016-S1
Fecha: 18-Feb-2016
“procedente”
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 87 de 9 de octubre de 2015, cursante de fs. 25 vta. a 27, declaró “procedente” la tutela solicitada, disponiendo que el Gerente Distrital Santa Cruz I a. i. del SIN, en el plazo de veinticuatro horas responda positiva o negativamente a los memoriales de 27 de febrero y 8 de abril de 2015; fundamentando que por la prueba presentada se concluye que Santos Victoriano Salgado Ticona no dio respuesta positiva ni negativa a las peticiones realizadas, a pesar que por Auto de 25 de septiembre de 2015, se ordenó a la citada Gerencia, la remisión del expediente y cuerpos administrativos a su nombre, ésta no fue cumplida, la autoridad demandada por informe manifestó que el 9 de octubre de 2015, dio respuesta a los tres memoriales estando en proceso de notificación, pero sin adjuntar documentación que respalde o demuestre ese extremo, consiguientemente, se evidencia que la falta de pronunciamiento vulneró el derecho al debido proceso y a la petición al no haber dado respuesta en forma oportuna idónea, justa y equitativa a la petición realizada por la accionante en tres oportunidades.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- “procedente”
- II.1.
- a)
- Fragmento 8
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. El derecho a la petición y de los presupuestos para su tutela. Jurisprudencia reiterada
- 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición’.
- El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y 4) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse.
- 1)
- CONFIRMAR