SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0367/2016-S1
Fecha: 31-Mar-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito, interpuso la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, misma que por Auto 25 de 30 de octubre de 2013, fue declarada probada ordenándose el archivo de obrados, mediante decreto de 10 de marzo de 2014, el señalado decreto fue ejecutoriado; a consecuencia de ello, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal del departamento de Santa Cruz, envió oficio 824/15 de 27 de agosto de 2015, poniendo a conocimiento de la autoridad demandada, la mencionada Resolución judicial a fin que la referida sea cumplida, en respuesta al referido oficio, el demandado envió el informe elaborado por el Asesor Legal de Tránsito comunicando que la Dirección a su cargo cumplió todo el procedimiento establecido en la Ley 3988 de 18 de diciembre de 2008, por lo que, el accionante consideró que no se dio cumplimiento al fallo que declaró probada la extinción de la acción penal.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 7
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 10
- III.3. Sobre el derecho al debido proceso
- …un instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, lo que implica que la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía de la administración de justicia…’ (SSCC 0014/2010-R, y, 0068/2010-R, entre otras), se infiere que esos derechos fundamentales subjetivos se confieren a las partes para que, en igualdad de condiciones y oportunidades, posibiliten la eficacia de su pretensión dentro del proceso; de acuerdo a la SC 0295/2010-R de 7 de junio, el derecho a la defensa constituye: ‘…un instituto integrante de la garantía del debido proceso. Al respecto, ya se ha establecido que este derecho tiene dos connotaciones: la primera, es el derecho a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, y la segunda, es el derecho a tener conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido’. Así la (SC 2264/2010-R de 19 de noviembre)
- III.4. Análisis del caso concreto