SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0455/2016-S3

         De esta forma, la autoridad judicial demandada, a cuyo cargo se encontraba la causa, tenía la obligación legal de resolver la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada por el accionante, más por el contrario, vulneró el derecho a la defensa, entendido éste por la jurisprudencia de este Tribunal en su SC 1534/2003-R, de 30 de octubre como la: “(...potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos...)”, (las negrillas son nuestras); por cuanto, el accionante no pudo hacer efectiva la excepción planteada, siendo que existe la normativa legal respecto de la correspondiente tramitación en instancias judiciales, aspectos que hacen conducentes a concederse la tutela impetrada por el accionante.