Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0576/2016-S2
Fecha: 30-May-2016
II.3.
II.3. El 28 de diciembre de 2015, mediante memorial presentado al Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Pamela Barral Cárdenas y Andrés Efraín Lozano Espinoza, adjuntando querella contra los hermanos José Luís Velásquez López, Amanda Ruth y Carmen Rosa Velásquez Alcocer, solicitaron al órgano jurisdiccional, conminar al Ministerio Público, a objeto que disponga que la Fiscal de Materia, Sofía Telma Guzmán Carpio, emita dentro del plazo de cinco días, un requerimiento fundamentado en una de sus formas previstas por el art. 301 del CPP (fs. 73 a 74 vta.).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley
- disposiciones que expresamente establecen que las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria, y sólo en defecto de ésta, y de ser evidente la lesión al derecho invocado e irreparable el daño emergente de la acción u omisión o de la amenaza de restricción de los derechos, es viable la jurisdicción constitucional.
- la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.
- III.2. El derecho constitucional a una justicia oportuna, pronta y sin dilaciones en materia penal
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo