SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0750/2016-S2

De la revisión de los concisos pero determinantes antecedentes venidos en revisión, se establece la inexistencia de documentos que acrediten fehacientemente, el inicio o anuncio de investigación penal (apertura de proceso penal), en base a un informe policial, denuncia o querella presentada contra los accionantes, menos cursa antecedentes de actuaciones preliminares o acta policial de acción directa, donde se hubiese dispuesto el arresto de los ahora accionantes, explicando las circunstancias del hecho y el funcionario policía que intervino en el arresto, así como el testigo de dicha actuación, o los supuestos delitos por los cuales se aperturó la investigación penal, individualizando e identificando a los presuntos autores o partícipes y víctimas del hecho, así como el Juez cautelar, que estaría asumiendo el control de la investigación penal en su etapa de investigación; motivos por los cuales, no es posible exigir la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, por no haberse acudido previamente ante el Juez cautelar, a reclamar la tutela de sus derechos, tal como lo exigió erróneamente el Juez Segundo de Sentencia del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías; en razón, a que no se tienen datos objetivos que demuestren idóneamente, que los actos realizados por los hoy demandados se encontraban bajo control jurisdiccional.

Bajo ese contexto y tomando en cuenta que el principio de inversión de la prueba o lo que equivale a decir, la carga procesal por la que podían los demandados respaldar y explicar su actos, con prueba que se encuentre en su poder, no fue cumplido en la presente acción de libertad, aspecto por el cual, se llega a la conclusión de que el mencionado Juez de garantías, al haber emitido la Resolución 13/2016 de 12 de mayo, no realizó una adecuada compulsa de los datos del proceso.