SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0767/2016-S2
Fecha: 22-Ago-2016
1)
Mauro Vargas Calvimonte, Gerente Regional Oruro a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, a través de sus representantes, mediante informe oral en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, en base a los siguientes argumentos: 1) Conforme la previsión del art. 90 del CTB, se notificó a Pedro Albares Claros en Secretaría de la Aduana Regional Oruro con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRORU-ECT-C023/2011 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ULEOR 010/2011; debiendo tomarse en cuenta que de procederse a anular el proceso como lo pidió el accionante, se favorecería también a otras personas implicadas; 2) Para la ejecución tributaria se notificó de forma personal al demandante de tutela, haciéndole conocer que debe cancelar una multa; sin embargo, no se apersonó a la Aduana Regional Oruro a objeto de solicitar suspensión, pretendiendo anular obrados en la vía constitucional para plantear extinción en el tema de contrabando; 3) El art. 83 del CTB, establece qué actuados se deben notificar en forma personal; no obstante, el art. 90 del citado cuerpo legal es específico al señalar que en los casos de contrabando el acta de intervención y la resolución sancionatoria deben ser notificadas en Secretaría, por lo que los servidores públicos de la Aduana Regional de Oruro, sólo dieron cumplimiento al precitado artículo; y, 4) Si bien la SCP 1076/2013, estableció un lineamiento sobre la notificación personal que debería aplicarse en casos de contrabando, según lo previsto por el art. 84 del CTB, ese razonamiento es obligatorio para hechos posteriores a su publicación, por lo que no se puede tratar de aplicarla a los actos que ahora se discuten, ya que las notificaciones que se acusan de vulneradoras del derecho a la defensa del accionante son del 2011, cuando no se conocía de ese fallo constitucional.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- Fragmento 10
- Fragmento 11
- Fragmento 12
- Siendo lo contradictorio, que en supuesto contrabando, el Acta de intervención, así como la Resolución Determinativa, podrán ser notificados en Secretaría, aspecto el cual, se aleja del debido proceso y el derecho a la defensa que se debe brindar a los administrados, más aún en el tema aduanero, siendo que los operativos en muchos casos se realizan en localidades distantes e incluso fronterizas, alejadas de las ciudades y de los domicilios reales o legales de los administrados, debiendo tomarse en cuenta que la finalidad de la notificación, es que el administrado o las partes dentro de un proceso, tomen conocimiento de los actuados y en su caso asuman defensa material.
- . Siendo que el art. 90 del CTB, contradiciendo el precitado artículo señala:
- se debe precisar que la Vista de cargo que señala el art. 84.1 del CTB, equivale al Acta de Intervención, aspecto que se encuentra establecido en el art. 97.IV del CTB, que señala: ‘En el Caso de Contrabando, el Acta de Intervención equivaldrá en todos sus efectos a la Vista de Cargo’.
- Las contradicciones existentes en la norma tributaria, ya sea por omisión o por confusión en el legislador, causan indefensión material al administrado, debiendo señalarse, que la presente instancia constitucional, es decir, la presente acción de amparo constitucional, no puede expulsar del ordenamiento jurídico vigente a una norma pues para ello, el constituyente a través de la Norma Suprema y el propio legislador a través de las leyes propias por las que se rige esta instancia, determinaron las acciones de inconstitucionalidad, ya sean abstractas o de carácter concreto. Además de la confrontación del art. 90 del CTB, con el art. 84 de la misma norma, dicho artículo; es decir, el art. 90 CTB, se contrapone también con el art. 98 del señalado Código,
- la SCP 0112/2012 de 27 de abril, señaló que la Constitución es una norma jurídica directamente aplicable, en consecuencia, si una norma legal se contrapone con preceptos constitucionales tales como el debido proceso, el derecho a la defensa, entre otros, y asimismo, existe también otra norma dentro el mismo rango jerárquico que por el contrario, asegura un debido proceso, se infiere que debe ser aplicada la segunda por ser más favorable al administrado,
- si bien mediante la presente acción de amparo constitucional, tal cual se refirió, no puede ser expulsado el párrafo segundo del art. 90 del CTB, pero al existir contradicción entre normas del mismo rango, debe ser aplicada la norma más favorable al administrado o en su caso, dentro del proceso llevado adelante, aspecto concordante tal cual se refirió, con el art. 116 de la CPE que ordena en caso de duda, la aplicación de la norma más favorable; en consecuencia, y reiterando que, al existir confrontación entre normas y en virtud de la aplicación directa de la norma constitucional, en virtud del resguardo de los principios, derechos y garantías establecidos en el texto constitucional, debe regir la norma más favorable tal cual se señaló”
- referida al cambio de un precedente vinculante o la sustitución por otro que a partir de la introducción de un nuevo razonamiento adquiere carácter vinculante en casos posteriores;
- Como consecuencia de lo anterior, siendo que por medio del presente fallo se está estableciendo un nuevo precedente vinculante, el mismo no puede afectar las situaciones jurídicas que ya gozan de protección de la cosa juzgada, menos puede impedir la ejecución de sentencias firmes, ni alterar lo ejecutado jurisdiccionalmente; resultando así, necesaria la aplicación de la eficacia prospectiva de la jurisprudencia constitucional o conocida también como prospective overruling,
- CONFIRMAR en todo