SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0788/2016-S1
Fecha: 25-Ago-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de lesiones gravísimas y amenazas y otros, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal del departamento de La Paz, emitió Resolución 02/2012 de 19 de marzo, declarándolas autoras de esos delitos; contra ese fallo interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 01/2013 de 12 de enero, anulando y disponiendo reponer el juicio oral, público y contradictorio ante otro tribunal, decisión puesto a conocimiento de las partes el 19 de septiembre de 2013, no existiendo recurso de casación contra el mismo.
Remitido el expediente al Tribunal de Sentencia Penal de origen, se procedió a su sorteo para la sustanciación del nuevo juicio oral público y contradictorio, habiendo recaído el proceso ante el Tribunal Sexto de Sentencia Penal del mismo departamento, éste anuló el sorteo y devolvió actuados al antedicho Tribunal; sin embargo, el último nombrado atendiendo a que el Auto de Vista 01/2013, determinó la reposición del juicio por otro tribunal, envió antecedentes nuevamente al referido Tribunal Sexto de Sentencia Penal, que previo a radicar la causa remitió la misma ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en vía de consulta; empero, los miembros de esa Sala a través de Auto de Vista de 26 de noviembre de 2013, modificaron la parte resolutiva del Auto de Vista 01/2013, porque se “…estableció defecto absoluto no con validable…” (sic) ordenando la reposición del juicio por otro tribunal.
Notificado el querellante con el Auto de Vista de 26 de noviembre de 2013, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 01/2013, que ya se encontraba ejecutoriado; presentando por su parte incidente de actividad procesal defectuosa argumentando que el mencionado Auto de Vista no podía ser modificado, porque ya se encontraba ejecutoriado; sin embargo, sin que se hubiese resuelto el señalado incidente, el mencionado recurso fue remitido ante el Tribunal Supremo de Justicia, que resolvió a través de Auto Supremo 068/2014 de 31 de marzo, admitiendo dicho recurso, aseverando que interpusieron dentro de término previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP), afirmación que resultó ser ilegal, arbitraria y falsa, dado que el Auto de Vista 01/2016, ya se encontraba ejecutoriado y no podía ser puesto en vigencia en vía de consulta; posteriormente, por Auto Supremo 367/2014-RRC de 8 de agosto, se dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo la emisión de uno nuevo.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados
- III.3. La doctrina de flexibilización respecto a los requisitos de admisibilidad de los recursos de casación
- posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) la necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenido en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ’.
- Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional’.
- el recurrente debe cumplir con la obligación de explicitar los hechos que dieron origen al recurso con detalle preciso del agravio, la restricción o disminución del derecho o garantía, de forma tal que el resultado dañoso emergente del defecto sea identificado con claridad, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional’
- la imperiosa necesidad de revisar de oficio aún sin el presupuesto invocado del precedente contradictorio, si de por medio lo que se trata es de salvar la violación al derecho del debido proceso y evitar que se mantengan inalterables resoluciones firmes e injustas”
- ‘…Si bien el Código de Procedimiento penal exige determinados presupuestos para la presentación del recurso de casación, el Supremo Tribunal, no obstante de haber abierto su competencia al admitir el recurso interpuesto por el Fiscal adscrito a la Política Técnica judicial, no hizo uso de la facultad conferida por el art. 15 LOJ y las permisiones contenidas en el segundo párrafo del art. 400 del CPP, pese a la concurrencia del defecto absoluto previsto por el art. 169.3) del CPP y del reclamo presentado por el recurrente ante los tribunales inferiores’.
- Entendimiento que es compatible con el principio de eficacia máxima de los derechos fundamentales, y coherente con el derecho de acceso a la justicia; y, justicia material, que exigen adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos
- III.4. Análisis de caso concreto
- III.4.2. Sobre el Auto Supremo 617/2015-RRC de 12 de octubre
- III.5. Sobre la tutela de principios
- 2° Dejar sin efecto