SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0879/2016-S2
Fecha: 26-Sep-2016
I.2.2. Informe de la autoridad y servidores públicos demandados
José Romero Saavedra, Director Jurídico, en su calidad de codemandado y apoderado de Luis Gatty Ribeiro Roca, Alcalde, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija del departamento de Pando, por informe presentado en audiencia, señaló lo siguiente: Mirian Crespo de Choma instauró proceso de usucapión, pero lamentablemente por error de su abogado no solicitó la cancelación de los folios reales inscritos en DD.RR., existe la Ordenanza Municipal que aprueba la Urbanización de Juan Silvestre Saucedo Azevedo con todos los documentos legales la usucapión salió el año 2010, la misma que en su parte resolutiva dice probada la demanda de usucapión y en ninguna de sus partes señala cancélese los folios reales; es más, no toma en cuenta a la familia Saucedo; posteriormente, ganado este proceso de usucapión a través de acción de amparo constitucional solicitan la inscripción al sistema de catastro, el mismo que salió procedente y a su vuelta de la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional se anuló esa Sentencia; lo que quiere decir que, a la fecha ya no existe ese registro en DD.RR. porque todo se dejó sin efecto, el Alcalde no tiene nada que ver en esta acción, no vulneró ningún derecho. Se tiene un informe legal realizado por Jerónimo Pinheiro Lauria, Exdirector Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, quien manifiesta que encontrándose vigentes los folios reales, les recomienda dar curso a lo solicitado por los herederos de Saucedo Azevedo, mediante nota dirigida a su persona una vez que asumió el cargo de Director Jurídico si es que procede o no procede y conforme procedimiento envió la nota a uno de los asesores para que informen a la Asesora Jurídica, Shulamith Oliveira Sillerico, en base al informe de Jerónimo Pinheiro Lauria, habiéndose enviado un oficio al Director de Catastro que conforme los informes de la Asesora Jurídica y del Exdirector Jurídico, procédase a extender los planos. La Ley de Procedimiento Administrativo aplicable al Gobierno Autónomo Municipal de Cobija establece en su art. 52, que debieron hacer valer y tener conocimiento Mirian Crespo de Choma de estos actos e informes, debió haberse aplicado el procedimiento administrativo; sin embargo, no se lo hizo, tampoco se hizo uso del recurso jerárquico y a la fecha quieren anular estos oficios a través de una acción de amparo constitucional, se alega que su persona fue abogado de la familia Saucedo, situación que es falsa porque los abogados son circunstanciales, y no por eso se puede decir que existe algún interés en favorecer a la familia Saucedo, en base a lo manifestado y al evidenciar que no se vulneró ningún derecho de la ahora accionante, solicitan se deniegue la presente acción.
Por su parte, Jerónimo Pinheiro Lauria, Exdirector Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija del departamento de Pando, mediante informe escrito de 30 de mayo de 2016, cursante de fs. 688 a 690 vta., señala que carece de legitimación pasiva en virtud a la establecido en la SC 0979/2010-R de 17 de agosto; por lo que, al no existir vulneración de derecho alguno por su parte, solicita se declare la improcedencia de la presente acción.
Shulamith Oliveira Sillerico, Asesora Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija del departamento de Pando, mediante informe escrito de 30 de mayo de 2016, corriente a fs. 693, indicó que la acción de amparo constitucional presentada no es clara respecto a su persona; por ello, solicita se deniegue la misma.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación de la acción
- I.2.2. Informe de la autoridad y servidores públicos demandados
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- “De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE.
- Asumiendo este entendimiento la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1 precisó que: ‘La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela’”
- no le compete definir derechos que no estuvieren consolidados a su titular, ni mucho menos analizar hechos controvertidos -sea la resolución de una controversia o cuestiones de hecho- que le atañen únicamente a la jurisdicción ordinaria o administrativa. En otros términos, la activación de esta jurisdicción, vía acción de amparo constitucional, operará cuando se invoque el restablecimiento de un derecho fundamental que se encontrare consolidado o se comprueba la titularidad del mismo, supuesto en el cual, corresponderá efectuar el control de constitucionalidad sobre la restricción, supresión o amenaza del derecho fundamental, a efectos de su restablecimiento’.
- el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales» (SCP 0387/2013-L de 28 de mayo)
- No corresponderá a la jurisdicción constitucional el conocimiento de las acciones de amparo constitucional en el caso que se tengan que dilucidar derechos controvertidos, siendo la justicia ordinaria la instancia competente para su definición, toda vez que en éstos casos existen situaciones por demostrar a través de todos los medios de prueba existentes, situación que escapa al análisis sumarísimo de la acciones tutelares, cuya naturaleza es distinta de la ordinaria’”
- III.3
- REVOCAR en todo