SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0984/2016-S3
Fecha: 20-Sep-2016
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y ampliando los mismos, señaló que, Isaac Ramiro Magne Calle entonces Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro, había recibido su Memorando 265/2015 de 28 de octubre, de cambio de destino antes de que se realicen las audiencias; sin embargo, continuó ejerciendo ese cargo, siendo que debió ser suplido por el Vocal más antiguo conforme lo determina la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Añadió que no se le permitió presentar prueba consistente en recortes del periódico -lo correcto es Suplemento Policial- “La Patria” de Oruro, en el que se advierte la bolsa de yute que guardaba el resto del contenido de la sustancia controlada; por lo que, no es evidente que no se dio parte respecto a la acción o se omitieron hechos; aspectos que hacen ver la parcialidad con la que actuó el citado Tribunal.
Por otro lado, se dio valor a una apelación presentada por el ya sustituido Jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Oruro, cuando la misma fue entregada fuera de tiempo; y finalmente, la suspensión de tres y seis meses respectivamente, no solo hace que se pierda la antigüedad, sino también los derechos al trabajo y a la seguridad social; por tal razón, solicitamos que se disponga la nulidad de las Resoluciones emitidas por los Tribunales demandados, y al amparo de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, se remitan obrados al Tribunal de origen para que nuevamente se instaure el proceso en el cual se respeten sus derechos, debiendo participar un abogado que sea parte de la Policía Boliviana y que pertenezca a la FELCN.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones
- iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces
- a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales
- Fragmento 15
- enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: 'Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso
- debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber
- .1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR