SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1143/2017-S2

Numa Ausberto Bravo Otero, en su condición de propietario de un inmueble sito en la Av. Costanera 180, Z, IV Centenario, le otorgó en alquiler un departamento, más su garaje, por el tiempo de dods años, computables a partir del 24 de enero de 2017, con un canon de alquiler por mes adelantado de Bs1800.- (mil ochocientos bolivianos) además le entregó Bs2500.- (dos mil quinientos bolivianos) por concepto de garantía, en ese entendido le otorgó las llaves del departamento, el garaje y la puerta principal; por lo que, traslado sus bienes muebles, su vehículo y todo lo necesario para acondicionar su vivienda; sin embargo, el 28 del mismo mes y año, al promediar las 13:00 horas, se estacionó frente a la casa, un camión y minutos después irrumpieron en la misma el dueño y su esposa, poniendo a un lado sus muebles, para descargar sus enseres, al parecer por un traslado familiar, con el argumento de que el contrato que habían firmado, no tenía ningún valor y que su sobrino era militar, efectivamente después entró una persona cuya identidad desconocía, señalando que sería el sobrino y que viviría en el lugar, por lo que, debía ir retirando sus cosas, angustiado por lo ocurrido, recurrió a los vecinos y a la vicepresidenta de la junta vecinal, sin obtener ningún resultado, siendo expulsado de forma violenta, dejándolo en la calle; toda vez que, cambiaron las chapas de las puertas, por lo que, no pudo sacar sus bienes, pertenencias personales, enseres domésticos, uniforme, material escolar de su hijo, documentos y demás cosas indispensables para el desarrollo normal de sus actividades laborales, sociales y académicas, negándose los demandados a todo arreglo pacífico; por lo que, al no existir esa posibilidad de conciliación, acudió a la jurisdicción ordinaria para tramitar el reconocimiento de firmas del documento contractual, instancia que no pudo restituirle el ejercicio pleno e inmediato de su derecho a la inviolabilidad de su domicilio, por lo que, tuvo que recurrir a la jurisdicción constitucional en busca de la restitución de sus derechos.