SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1153/2017-S2

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 20 de septiembre de 2017, cursante de fs. 85 a 87 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) En mérito a los antecedentes, los imputados se encuentran detenidos preventivamente a consecuencia de una determinación asumida por autoridad jurisdiccional competente, obteniendo de ello la inexistencia de alguna vulneración del derecho a la libertad, porque los accionantes se hallan detenidos por pesar en contra de ellos una imputación formal; por consiguiente, una investigación en etapa preparatoria, bajo la dirección del Ministerio Público, que debe culminar en alguna de las formas previstas por el art. 323 del CPP;                    ii) Asimismo, si bien resulta evidente que la libertad se encuentra reconocida por la Constitución Política del Estado como un derecho civil, empero encuentra su límite temporal en la aplicación de medidas cautelares de carácter personal conforme el alcance descrito por el art. 221 del CPP, considerando que la aplicación de medidas cautelares no quebrantó el derecho a la presunción de inocencia como erróneamente alegaron los accionantes; y, iii) Sin bien la acción de libertad, no requiere de formalidades para su interposición resulta menester que la parte accionante acompañe la prueba suficiente y necesaria para acreditar la veracidad de las acusaciones que formula; en el caso concreto, se objetó el Auto de Vista de 8 de septiembre de 2017, sin haber sido acompañado a la acción tutelar, independientemente de que la autoridad recurrida lo hubiera hecho; resultando necesario establecer que la resolución de la actual acción de libertad dentro las veinticuatro horas previstas por ley, entre la presentación de la demanda tutelar y la celebración de la audiencia, resulta ser un breve tiempo como para que las autoridades recurridas presenten su informe respectivo y los antecedentes pertinentes, si se aprecia además la distancia considerable entre la jurisdicción de Quillacollo y la ciudad de Cochabamba, emergiendo de ello el imperativo de que la carga de la prueba corresponde a la parte accionante como responsabilidad exclusiva; coligiendo a cuyo mérito, que la autoridad judicial constitucional no puede ingresar a analizar las circunstancias alegadas por no encontrarse dentro del ámbito de protección de la acción de defensa.