SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2017-S3

              Al respecto, de antecedentes se advierte que mediante Resolución 780/2014 de 17 de diciembre, la autoridad jurisdiccional referida en el párrafo anterior, declaró rebelde al ahora accionante ante su incomparecencia tras su citación por edicto con la imputación formal deducida por el Ministerio Público, disponiendo asimismo la emisión del mandamiento de aprehensión en su contra, actuado que fue posteriormente librado por la misma autoridad y ejecutado vía INTERPOL en Buenos Aires, República Argentina el 27 de enero de 2016.

Sobre el particular, corresponde referir que conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en atención a la excepcional subsidiariedad de la acción de libertad, no es posible la interposición de este medio de tutela constitucional en caso de existir mecanismos procesales de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y exista un Juez contralor de garantías constitucionales ante quien acudir en procura del restablecimiento de ese derecho, toda vez que esta jurisdicción no puede suplir la prerrogativa del juez ordinario como contralor de los derechos y garantías constitucionales de las partes en la tramitación del proceso, pues de lo contrario se generarían disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, por lo que solamente una vez agotados los medios de defensa y habiendo reclamado la lesión de derechos vinculados con el ejercicio de la libertad del peticionante a la autoridad judicial de la causa, ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a esta jurisdicción a través de la acción de amparo constitucional.

En el caso en análisis, se advierte que la emisión del mandamiento de aprehensión contra el accionante con la consiguiente ejecución del mismo devino de su declaratoria de rebeldía ante su incomparecencia tras haber sido notificado por edictos con la imputación formal presentada en su contra por parte del Ministerio Público, en ese entendido, el art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que: