SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0022/2017-S2

La Jueza Primera de Sentencia Penal del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, pronunció la Resolución 11/2016 de 21 noviembre, cursante de fs. 44 vta. a 47, por la cual concedió la tutela, con referencia a la no remisión de antecedentes al tribunal de alzada dentro del plazo establecido por ley, de igual forma respecto a la falta de pronunciamiento respecto al incidente de extinción de la acción penal por reparación integral del daño. Debiendo en consecuencia, al estar gozando de vacaciones la autoridad demandada, notificar al Juez en suplencia legal para que en el plazo de veinticuatro horas imprima el tramite establecido por ley a efectos de resolver el incidente de extinción de la acción penal por reparación del daño causado interpuesta por Guillermo Junior Farfán, argumentando que: 1) De la revisión de los antecedentes, se tiene que el recurso de apelación incidental fue remitido el 20 de noviembre de 2016, a horas 11:45. luego de haber transcurrido catorce días desde la interposición del mismo (7 de igual mes y año), debiendo haber remitido ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, es decir el 8 de similar mes y año, situación que no fue cumplida por la autoridad ahora demandada, incumpliendo así el plazo establecido en el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) El principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad debe ser garantizado por la autoridad competente, el cual tiene la obligación de garantizar que dicho principio de celeridad procesal se llegue a materializar que no fue cumplido, siendo necesario establecer que contra esta actitud negligente asumida por la autoridad demandada es oportuno el reclamo de la accionante a través de la presente acción de libertad; y, 3) De igual forma, la Jueza Tercera de Instrucción en lo Penal, incumplió los plazos establecidos en el art. 132.2 del CPP, al no haber resuelto aun el incidente de extinción de la acción penal por reparación del daño causado que fuese planteado por la defensa de Guillermo Junior Farfán el 11 de noviembre de 2016, planteado antes de que la autoridad judicial goce de sus vacaciones, sin tomar en cuenta que el encausado mencionado se encontraba privado de su libertad y por ende se debe cumplir a cabalidad los plazos establecidos por ley; en consecuencia, cuando una autoridad conoce de una petición que involucra el derecho a la libertad, dicha solicitud debe ser atendida con la mayor celeridad posible, caso contrario se vulnera el debido proceso y por ende una privación indebida de la libertad en la que incurrió la autoridad ahora demandada.