SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0088/2017-S2

En el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, se encuentra el proceso penal en el que el Ministerio Público, a instancia del Raúl Mamani Poma, Jacqueline Mamani Lucana, Daniel Elías Fernández Herrera y Guadalupe Lucía Quispe de Fernández, sustancia en contra de su persona, por la supuesta comisión del delito de falsedad material, ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y estelionato; el Ministerio Público, mediante Resolución de Imputación Formal 009/2016 de 20 de septiembre, solicitó a la autoridad jurisdiccional la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en su contra, conforme al art. 301, 302, 304 y 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

En el desarrollo de audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público  fundamentó los riesgos procesales, contenidos en los arts. 234.1, 2 y 10 y 235.1 y 4 del CPP; el Juez ahora demandado, sin respetar el derecho al debido proceso y de manera sorpresiva dictó la Resolución 364/2016 de 14 de noviembre, determinando la aplicación de la detención preventiva en su contra, con el argumento de que no puede acogerse a lo establecido por el art. 232 del CPP, mismo que determina que cuando se trata de mujeres embarazadas y de madres durante la época de lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva procederá solamente cuando no exista posibilidad alguna de aplicar otra medida alternativa; el fundamento del Juez se centra en que aún persiste los riesgos procesales previstos en los artículos del Código de Procedimiento Penal precitados en este mismo párrafo, por lo que dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz.

Demostró su estado de gravidez (mediante ecografías carnet prenatal, recetas médicas, papeleta del Bono Juana Azurduy de Padilla), pero la autoridad demandada no tomó en cuenta su estado de gestación, cuando existe una garantía tendiente a hacer la protección efectiva a la maternidad y la infancia, previsto en el art. 45.V de la Constitución Política del Estado (CPE), por otra parte el art. 2 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), establece que se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir doce años, y adolescente desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos, mientras que el art. 1 del Código Civil (CC), determina que el nacimiento señala el comienzo de la personalidad y que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y que para ser tenido como persona basta nacer con vida; en concordancia con estas disposiciones el art. 197 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), dispone que las mujeres embarazadas puedan cumplir su condena en modalidad de detención domiciliaria hasta noventa días después del alumbramiento.

Todos estos antecedentes normativos precitados permiten concluir que la intención del legislador, al regular en esta disposición legal la improcedencia de la detención preventiva para mujeres embarazadas y madres con niños lactantes menores de un año, fue con la finalidad de proteger el derecho a la vida de los nasciturus, por lo que esta norma debe observarse y de cumplirse de manera efectiva por parte de los jueces y tribunales al momento de decidir sobre las medidas cautelares a aplicarse en este tipo de casos en el que la detención preventiva debe aplicarse de manera excepcional.

Por otra parte la Resolución 364/2016, establece falsamente que su persona no habría demostrado su estado de gravidez, lo que no es cierto, ya que aparte de demostrar su estado de embarazo (con los documentos antes descritos), se acreditó que tiene trabajo, familia y domicilio a través de un contrato de anticrético y certificado de la junta vecinal, elementos que posibilitaban la aplicación de una medida menos gravosa por parte de la autoridad jurisdiccional ahora demandada.