SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0088/2017-S2

La accionante denuncia que la autoridad demandada, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, a denuncia de varios particulares por la presunta comisión del delito de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y estelionato; el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, a solicitud del representante del Ministerio Público, determinó la aplicación de la detención preventiva en su contra, a pesar de que demostró objetivamente, mediante varios documentos, su estado de gravidez, sin aplicar lo previsto por el art. 232 del CPP, que establece que la detención preventiva debe aplicarse de manera excepcional en los casos como el suyo, por lo que la determinación de la autoridad ahora demandada vulneró el debido proceso poniendo en riesgo su derecho a la vida así como la del nasciturus.

De la revisión de los antecedentes del proceso, se tiene la Resolución 364/2016 de 14 de noviembre, emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto del El Alto del departamento de La Paz, cuyo contenido para justificar la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva en contra de la ahora accionante se debe al riesgo procesal de peligro de obstaculización, ya que de acuerdo al informe del inicio de investigaciones, consideraron que la imputada podría influenciar negativamente sobre los partícipes del hecho o los testigos, ya que el Ministerio Público aún no realizó el acto investigativo de inspección técnica ocular tanto en el lugar de los hechos, inmueble y lugares notarias donde presuntamente cursaría la documentación adulterada por la imputada, por lo que estas escrituras públicas, de manera directa podrían ser alteradas por la imputada; asimismo, la autoridad jurisdiccional hoy demandada admite que la imputada efectivamente tiene aproximadamente dieciocho semanas de gestación; sin embargo, de la documentación presentada consistente en exámenes de laboratorio del Ministerio de Salud Bono Juana Azurduy de Padilla, carnet perinatal, en ningún momento se acreditó que el estado de gravidez de la demandada se encuentre en peligro, a que tenga complicaciones de algún tipo, que compliquen la salud el nasciturus o la ahora accionante.

Por los antecedentes desarrollados, corresponde aplicar al caso concreto el entendimiento establecido en la jurisprudencia constitucional, citado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente Fallo, y abstraer de la subsidiariedad establecida de manera excepcional en las acciones de libertad, ya que lo que se discute es la posibilidad de que se vulnere el derecho a la vida, tanto de la accionante en estado de gravidez como del nasciturus, por lo que corresponde ingresar a revisar el fondo de la problemática planteada; en ese marco, tanto de los antecedentes precedentemente indicados como de lo referido por la parte accionante, si bien la nombrada no concretizó recurso de apelación impugnando la Resolución 364/2016, se debe tomar en cuenta no solamente el estado de gestación de la misma, sino también por la argumentos esgrimidos por la accionante de treinta y ocho años de edad, con riesgos en su salud y por ende la vida del ser en gestación.