SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2017-S1

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el INRA en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares el 18 de julio de 2015, celebrada por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, quienes dispusieron su detención preventiva en el Recinto de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”. El 27 de octubre de 2016, sin considerar su calidad de indígena y el cargo que tenía como “PATITAN COMUNAL” (sic), le sometieron a un proceso abreviado y le impusieron una condena de tres años de reclusión; a tal efecto, el 11 de noviembre del mismo año, su abogado solicitó la suspensión condicional de la pena; siendo que, los referidos Jueces le concedieron dicho beneficio, fijándole un periodo de prueba menor a un año, el cumplimiento del art. 24 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la donación de un quintal de azúcar y otro de arroz para el Hogar de Ancianos “Santa Cruz”, por concepto de costas al Estado.

Habiendo cumplido con las medidas impuestas por los indicados Jueces; de manera extraña, errada e ilegal y a solicitud del INRA, los mismos, después de cuatro días de concedida la suspensión condicional de la pena a mi favor, deciden revocarla de oficio, argumentando que no procedería la libertad condicional impuesta por tratarse de un delito de corrupción y amparándose en los arts. 168 y 250 del CPP; además, libraron mandamiento de aprehensión en su contra; por lo que, considera que los Jueces Técnicos demandados incurrieron en resoluciones contrarias a la Norma Suprema y a la ley, violando su derecho a la libertad personal y atentando las garantías fundamentales.