SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0108/2017-S1
Fecha: 23-Feb-2017
denegó
La Jueza Publica de Familia Séptima del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 01 de 23 de noviembre de 2016, cursante de fs. 428 a 430, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La SCP1969/2010-R de 25 de octubre, señaló que la valoración de la prueba corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios; 2) El Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la presente acción tutelar, no constituye una instancia para revertir fallos judiciales, excepto cuando exista conculcación de derechos fundamentales o la garantía del debido proceso; 3) Respecto a la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales impugnados, la jurisprudencia constitucional señaló que el mismo se verá impedido de analizar el fondo de la problemática, por cuanto el accionante no cumplió con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos; y, 4) Analizado lo expuesto por el accionante, evidencio que no existió violación de garantías constitucionales, debido a que solo se trata de un pensar y una interpretación diferente, que no constituye una violación o afrenta constitucional; toda vez que, la presente acción emerge solo y únicamente cuando se vulneraron garantías constitucionales, extremos que no se acreditaron en el presente caso.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- Fragmento 4
- I.2 .3. Intervención de Terceros interesados
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial asimismo, en base al esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional de los órganos e instituciones del poder público
- refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, superar la estructura de una visión colonial, lo previsto en el art. 8.I de la CPE
- En ese mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria, y entre otros, la verdad material y el debido proceso.
- En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad.
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- , siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derecho s y garantías restringidos, suprimidos o amenazados
- I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derecho s y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo
- siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida
- III.3. El derecho a una resolución fundamentada y motivada: Su contenido esencial en el Estado Constitucional de Derecho
- Sobre el mismo, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, efectuó el siguiente desarrollo: ‘…el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia.
- (4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que: ‘…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales’, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas.
- Fragmento 25
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR