SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0111/2017-S2
Fecha: 20-Feb-2017
II.5.
II.5. El 23 de marzo de 2016, la Autoridad Sumariante del municipio de El Alto, pronuncio Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 0037/2016, que resolvió declarar la existencia de Responsabilidad Administrativa del ex y/o servidor público Edgar Carmelo Gamboa Huanca con CI 4375457 LP., por omisión de sus específicas funciones, al haberse demostrado la vulneración de las siguientes normas administrativas: Constitución Política del Estado: art. 232, art. 235 numerales 1, 2, 4 y 5, Ley 2027 art. 8 incs. a) y b), DS 25749 Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley del Estatuto del Funcionario Público, art. 15 inc. b), Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, art. 104, inc. a), d), p) y q); art 129 inc. d) g), Anexo 3 del DBC del Proyecto Construcción Centro Cultural (fase IV) Localización 6 de Agosto, Distrito 8. Correspondiendo en estricta sujeción del art. 29 de la Ley 1178, la imposición de Sanción Administrativa de Destitución del Cargo, y que en caso de que a la fecha el sumariado no sea servidor público de la entidad, se establece la imposición de sanción a los fines de constancia y registro en la Contraloría General del Estado, conforme las previsiones del art. 15 del DS 23318-A (fs. 73 a 80).
- Acción de Amparo Constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 3
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III.
- De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE.
- Asumiendo este entendimiento la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1 precisó que: ‘La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela”. Razonamiento que también es recogido por la SCP 1070/2014, de 10 de junio de 2014’”
- definió al debido proceso como el derecho de toda persona: ‘…a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos…’
- ‘…el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente’.
- El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que ‘toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes’
- III.3. El derecho a la defensa como componente del debido proceso
- Fragmento 22
- El debido proceso es una garantía constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es también aplicable a los procesos administrativos y a todos aquellos procesos disciplinarios de carácter sancionatorio que se presentan en todas las esferas institucionales, sean éstas públicas o privadas, dentro las cuáles se tenga que llegar a un fallo o resolución, decisión que en definitiva surte efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas.
- A su vez, el derecho a la defensa irrestricta, componente del debido proceso, se halla inserto en el art. 115.II de la CPE, cuando: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa (…)'. El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento integrante transversal a todas las fases sustantivas del proceso penal o disciplinario.
- El derecho a la defensa irrestricta, es uno de los mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo.
- Fragmento 26
- Fragmento 27
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo