SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0188/2017-S2
Fecha: 13-Mar-2017
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido contra Juan Condori Cruz, el 16 de diciembre de 2015, se presentó imputación formal por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, por lo que el Juez de Instrucción Penal Séptimo programó audiencia de aplicación de medidas cautelares y pronunció la Resolución 064/2016 de 7 de marzo, determinando la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, inobservando el principio de potestad reglada, por cuanto se cumplían los requisitos previstos en el art. 233 del Código Procesal Penal (CPP), para la detención preventiva.
Razón por la cual, presentaron recurso de apelación impugnado la Resolución 064/2016, haciendo conocer al Tribunal de apelación la SCP 0086/2016-S2 de 15 de febrero, por lo que solicitaron el respeto de la jurisprudencia y potestad reglada; sin embargo, el Tribunal ad quem, contraviniendo la línea jurisprudencial establecida, a través del Auto de Vista 174/2016 de 31 de agosto, confirmó el fallo impugnado señalando que el art. 235 ter del CPP, permite a la autoridad judicial no aplicar la detención preventiva en caso que se reúnan los requisitos previstos para su procedencia, cuando en realidad el citado precepto normativo sólo permite que el juez pueda aplicar medidas más o menos graves que las solicitadas.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 8
- III.1. Interpretación de la legalidad ordinaria
- No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta doctrina de las auto restricciones,
- De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia”
- III.2.
- En sujeción a la política criminal diseñada por la Constitución, el legislador, previo el juicio de proporcionalidad que la Constitución de manera implícita exige, ha establecido el régimen de las medidas cautelares de naturaleza personal, bajo el principio de potestad reglada, evitando con ello decisiones subjetivas que importen arbitrariedad; esto supone que los operadores jurídicos están relevados del juicio de proporcionalidad en la adopción de la medida, dado que tal labor ya fue realizada por el legislador, y más bien, están reatados a los parámetros objetivos que la ley fija
- por lo que del contenido de tal enunciado no debe entenderse que el juez tiene facultad discrecional para no aplicar la medida, pese a presentarse los dos requisitos contemplados en el art. 233, o aplicarla cuando tales presupuestos no están cumplidos
- está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP
- Tribunal de apelación
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR