SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0235/2017-S1

La jurisprudencia constitucional plurinacional en relación a la preeminencia del reguardo del derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de libertad, la SCP 0128/2013 de 1 de febrero, refiriéndose a la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, señaló que: ‘‘‘…los Instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre derechos Humanos, prescribe en el art. 7.2, que: 'Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas'; concordante con el art. 10.1 del Pacto Internacional de derechos Humanos. Por su parte, nuestro texto constitucional recoge esos preceptos en el art. 23.I al reconocer el derecho a la libertad física o personal y disponer que: 'Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales'. A su vez, el parágrafo III del mismo artículo, establece: 'Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito'. Lo que implica una garantía procesal y material para la privación de libertad; es decir, que la restricción a la libertad sólo podrá darse cuando esté previsto en la ley formal y los supuestos para su procedencia.